El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a la empresa canadiense Americas Gold and Silver, concesionaria de la mina en Cosalá, Sinaloa, a que acate la decisión tomada por los trabajadores.
Hizo un llamado a que cumpla el recuento en el que se decidió qué sindicato tendrá su representación, a fin de que concluya el conflicto laboral que persiste desde hace casi un año.
AMLO afirma que está atendido las peticiones de los trabajadores para resolver los problemas en la mina en Cosalá.
Indicó que Americas Gold and Silver no quiere que el líder del sindicato sea Napoleón Gómez Urrutia, ganador represente a los trabajadores. Ante ello, el presidente delcaró:
Eso ya no le corresponde a la empresa decidirlo, porque tenemos que respetar la voluntad de los trabajadores.
En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que:
Ya se les notificando a los responsables de la empresa para que se acate la decisión de los trabajadores y se restablezca la actividad en la mina.
Incluso, comentó que se ha pedido la intervención del embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark.
Además, añadió:
Ojalá y también los dueños, los accionistas de la mina ayuden en este caso para que se respete la voluntad en los trabajadores y se resuelva el problema.
La compañía canadiense no reconoce los resultados de las elecciones sindicales
Las operaciones en Cosalá, que incluye la mina de plata San Rafael, están suspendidas desde enero, cuando un grupo de trabajadores bloqueó el acceso al sitio.
En septiembre, una nueva votación sobre representación sindical dio el triunfo al sindicato minero nacional SNTMMSSRM, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, aliado clave de AMLO y senador por el partido Morena.
Sin embargo, Americas Gold and Silver rechazó el resultado, acusó influencia de amenazas e irregularidades y decidió no reanudar sus operaciones.
En uno de los últimos incidentes, comuneros bloquearon el acceso a la mina de oro El Coronel de Minera Frisco en el estado de Zacatecas durante casi tres meses para exigir pagos para reparación de sus viviendas que, según señalaron, resultaron dañadas por explosiones en la mina, informó el diario local La Jornada.
