México, 24 enero.- La Ley Rider buscaba que los repartidores contaran con derechos laborales y fueran contratados como cualquier otro empleado por las plataformas de delivery. No obstante, el primer y quizás más grande error del gobierno fue no tomar en cuenta la voz y postura de los repartidores.
En numerosas manifestaciones y en diferentes ciudades de España, organizaciones como Repartidores Unidos y la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA), advirtieron sobre el peligro de la Ley Rider y desde marzo de 2021 estimaron que 15 mil repartidores perderían sus ingresos de ser aprobada.
El segundo error del gobierno fue pensar que el delivery, como parte de la economía colaborativa, podía ser regulado y de alguna manera, transformado a trabajos tradicionales, obligando a las empresas a contratar a los repartidores como empleados.
Todo esto derivó en lo que Repartidores Unidos, APRA y otros legisladores advirtieron. Portales españoles como vozpopuli.com han recabado diferentes testimonios de “Riders” que han expresado su inconformidad con las nuevas condiciones.
Por ejemplo, uno de ellos explicó que ahora su labor como repartidor se refleja en “un sueldo de 1.180 euros brutos (apenas 1.000 euros netos) a través de una subcontrata o Empresa de Trabajo Temporal, con jornadas de 40 horas a la semana, un solo día de descanso, usando su vehículo personal y con contratos laborales renovables cada quince días”. Otro testimonio recabado por el mismo sitio expresa; “Así no veo viable este trabajo, yo antes ganaba más y tenía mucha más flexibilidad de horarios y para elegir los pedidos. Me salía más rentable siendo autónomo, ahora prácticamente nos dejan en la calle”.
Asimismo, Wired, revista mensual estadounidense que existe desde 1993 y portal de tecnología, publicó un reportaje titulado “España tenía un plan para arreglar la economía Gig. NO FUNCIONÓ”, en el cual precisamente aborda el tema de la Ley Rider con testimonios contundentes de repartidores: “Ocho horas al día solían ser suficientes. Ahora tengo que trabajar más para ganar la misma cantidad de dinero. Todo comenzó con la Ley Rider. Ellos [el gobierno español] dijeron que era lo mejor para nosotros, pero sólo ha hecho que nuestros trabajos sean más precarios”.
Ahora, el repartidor de nombre Daniel Freitas dice que está luchando para llegar a fin de mes después de pagar el combustible de su motocicleta, un contador, el IVA y las contribuciones al seguro nacional que ascienden a una tasa mensual fija de 289 euros para los autónomos.
Quizás la salida de Deliveroo de España por dicha ley, lo que dejó fuera de la industria a aproximadamente 4,000 repartidores y 9,000 restaurantes, es la representación más explícita del daño; “Estaba tan enojada cuando escuché que [Deliveroo] se iba, es mi mayor fuente de ingresos y luego, de repente, me dijeron que se iba”, dijo Lydia Camargo, una repartidora de 42 años de Madrid que trabajaba con Deliveroo y Glovo. “Esta ley nos está dejando sin nada”, declaró a Wired. En enero de 2022, el portal The Objective publicó lo siguiente: “El proyecto estrella de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no sólo no ha logrado que los casi 30,000 repartidores del sector tuviesen un contrato por cuenta ajena con sus respectivas plataformas, sino que además ha sido la causante de que 10,000 riders se hayan quedado sin empleo durante 2021”.
La situación del delivery en México
El tema de la economía colaborativa y el delivery en México ha estado lleno de diferentes posturas e iniciativas, pero lo que está comprobado, con evidencia clara y tangible, son los beneficios del delivery para miles de mexicanos y sus familias y para la economía del país:
El Colmex nos confirmó en 2021 que el motivo principal por el que se es repartidor en México es porque se tienen mejores ingresos (51.2%) y, en segundo lugar, por la facilidad para entrar a trabajar (27.1%). Además, para el 47.1% la flexibilidad de tiempo de que disponen es la ventaja más importante.
CIDE presenta análisis
El CIDE y la Asociación de Internet MX (AIMX) presentaron el estudio “Las Plataformas de Entrega a Domicilio en la Economía Mexicana” y entre los principales hallazgos está que de 2012 a 2020, el crecimiento del ingreso promedio mensual de los repartidores fue de 117%, mientras que el ingreso promedio mensual del trabajador promedio de la economía mexicana creció sólo el 25%.
El mismo estudio encontró que desde la llegada del delivery, la participación del sector restaurantero en la generación de riqueza del país ha crecido entre el 28% y el 32%, de 2013 a 2020. Por otro lado, durante la pandemia, las plataformas de delivery y repartidores ayudaron a evitar hasta 420,771 contagios, 78,498 hospitalizaciones y 35,899 defunciones.
Finalmente, en un estudio realizado por Quadrant Strategies, en el que se encuestaron a 654 conductores y 768 repartidores, la flexibilidad se considera esencial para generar ingresos a través de las plataformas (82%) y es lo que diferencia este tipo de actividad productiva de otras más tradicionales que usualmente no pueden ofrecer la misma flexibilidad. Asimismo, los ingresos es otro de los elementos más valiosos para los encuestados (87%). “El 85% de los conductores y repartidores quieren seguir siendo prestadores de servicios independientes”.
Convenio con el IMSS, un camino opuesto a la Ley Rider
En septiembre del año pasado, las principales plataformas de delivery y de transporte privado, Beat, DiDi, Rappi y Uber firmaron con el IMSS, de Zoé Robledo, un convenio para para que las y los repartidores y conductores se registren en el Programa de Incorporación Voluntaria para Trabajadores Independientes del IMSS.
Este esquema permite a los trabajadores independientes o beneficiarios acceder a los 5 seguros del Régimen Obligatorio de seguridad social vigentes, que son:
1. Servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos y atención obstétrica
2. Incapacidades
3. Pensión por invalidez y vida
4. Fondo para el retiro y
5. Otras prestaciones sociales, como guarderías, actividades deportivas y velatorios. Las empresas se han encargado de informar y apoyar a los repartidores en su registro.
Se trata de un aseguramiento mensual, por lo que para tener continuidad en el aseguramiento las y los repartidores deben realizar el trámite de afiliación y efectuar el pago cada mes. El sitio web oficial del IMSS ofrece la opción de inscribirse en línea. La cuota mínima de inscripción es calculada de acuerdo con la suma de todos los ingresos mensuales que los usuarios reporten.
La firma de este convenio fue una gran noticia por diversas razones. Primero que nada, porque este esquema brinda a quienes trabajan utilizando plataformas digitales la posibilidad de acceder a seguridad social, sin que esto implique sacrificar su flexibilidad e independencia. Por otro lado, el convenio genera las condiciones para que las plataformas sigan innovando y creciendo, mientras que todos sus usuarios: comercios, consumidores, pasajeros conductores y repartidores, siguen beneficiándose de estos servicios y las oportunidades que les brindan.
En tanto, el gobierno mexicano, en este caso a través del IMSS, marcó un precedente al reconocer a todos los repartidores como trabajadores independientes y dio señales de entender los alcances de la economía colaborativa y de la relevancia de impulsar los beneficios que ha traído. Vale la pena recordar que tan sólo cuando hablamos de personas que trabajan por su propia cuenta, de acuerdo con el INEGI, en el primer trimestre de 2021 había 2,754,283 trabajadores independientes.
Este número representa apenas el 5.2% de la población ocupada; sin embargo, su crecimiento desde el primer trimestre de 2014 fue del 36%, mucho mayor que el crecimiento del 8% en la población ocupada total durante el mismo periodo. Es decir, las personas que trabajan por su propia cuenta son el grupo que más rápido está creciendo en la economía mexicana.
En este tema es importante siempre tener en cuenta que, así como lo han mencionado actores como la senadora Patricia Mercado, cualquier regulación en esta materia debe realizarse de forma tripartita con todas las partes involucradas, incluidas las empresas y los repartidores. Ejemplo de ello es el éxito del programa de trabajadoras del hogar y su afiliación al IMSS, ¿por qué sí se hizo bien? Cuando se presentó la iniciativa para que fuera obligatorio el que las trabajadoras del hogar se afiliaran al IMSS, legisladores como la senadora Mercado han afirmado que esto fue después de haber recibido las pruebas piloto del IMSS y también después de haber sostenido diálogos para mejorar la propuesta con las organizaciones que las representan, con la OIT e incluso el gobierno federal. En el caso del delivery, los repartidores son sólo la expresión más visible de este nuevo modelo de trabajo.
Finalmente, cualquier regulación debe comprender a todos los trabajadores independientes. En todo el mundo, incluido México, estamos viviendo un punto de partida de un nuevo modelo económico y de las primeras expresiones de los nuevos modelos laborales. Los repartidores y conductores de la economía colaborativa son parte de esta corriente pero no son los únicos y ni siquiera son la mayoría.
Hoy hay millones de personas de diferentes profesiones que van desde el diseño gráfico, marketing digital, programadores, repartidores a domicilio, traductores, escritores, paseadores de perros, contadores, conductores, asistentes virtuales, trabajadores domésticos, profesores de idiomas, editores, abogados y doctores, que están encontrando en las plataformas digitales la posibilidad de tener un trabajo con autonomía y flexibilidad, en el que ellos mismos deciden sus horarios, carga laboral y hasta clientes. Lo que se está discutiendo es el futuro del trabajo y el impacto que esto puede tener en todo el país.
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Impuesto Sheinbaum
A diferencia de lo que ha llevado a cabo el gobierno federal, el gobierno de Claudia Sheinbaum se ha empeñado en obstaculizar el crecimiento de la economía colaborativa y del delivery. El golpe más fuerte hasta ahora ha sido el impuesto de 2% al comercio digital y al delivery, el cual acabarán pagando todos los actores del ecosistema (restaurantes, repartidores, usuarios y plataformas).
La propuesta y aprobación de este impuesto, disfrazado de un aprovechamiento por el uso de las calles, se convirtió en el tema más polémico para el gobierno después del desastre de la Línea 12 del Metro. Fueron varios los actores que cerraron filas ante esta política que resultó negativa para todo el ecosistema digital.
Representados por diversos colectivos, miles de repartidores en la CDMX condenaron este impuesto, el cual impacta directamente en sus bolsillos y economía: “¡Los repartidores también votamos, no lo olviden! ¿Por qué pagar derechos si los recursos no se usan para pavimentar calles?”, declaró Saúl, representante del Colectivo Ni Un Repartidor Menos. Por su parte, miles de usuarios en Twitter generaron tendencias manifestándose contra el impuesto con los hashtags #NoAlimpuesto y #ConLosChilaquilesNo.
Asimismo, varias asociaciones que tienen como objetivo impulsar la transición digital de la ciudad, encontraron en este impuesto un verdadero freno de mano a la economía colaborativa. Están la Asociación de Internet MX (AIMX), la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) y la Asociación Fintech de México, entre otras. También se subieron cámaras empresariales como la propia CANACINTRA, COPARMEX, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) y la CONCAMIN.
Por otro lado, partidos de oposición en la CDMX calificaron de “inhumana y mentirosa” a Claudia Sheinbaum por estas medidas. Organismos como el propio IFT también se pronunciaron junto con las asociaciones y colegios de abogados como la propia Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C., la Academia Mexicana de Derecho Fiscal A.C., la Academia Mexicana de Derecho Informático A.C., la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y el Ilustre y el Nacional Colegio de Abogados de México, quienes califican el “aprovechamiento” como un intento para disfrazar impuestos ilegales.
Después de todo esto, el gobierno de la CDMX anunció que está en planes de implementar su propia Ley Rider en la ciudad, lo cual terminaría por destruir lo que miles de repartidores han logrado construir y ganar en los últimos años. Sería atentar en contra de los beneficios que el delivery ha traído para todos; consumidores, repartidores, restaurantes, entre otros comercios, y plataformas, en pocas palabras, sería darle un tiro de gracia a la economía colaborativa.
Al igual que con su Impuesto, la Ley Sheinbaum de la CDMX está siendo descuidada con el proceso legislativo que debe seguir, en este caso no por disfrazar un impuesto como un aprovechamiento, sino por involucrarse en un tema laboral, que es estrictamente competencia federal. Una eventual regulación en este sentido tendría que ser discutida y aprobada por la Cámara de Diputados federal y por el Senado de la República, pasando por los escritorios de los senadores Ricardo Monreal y Patricia Mercado, entre otros involucrados en el tema.
Además de estar encaminada al mismo desastre que sucedió en España, la Ley Sheinbaum no estaría tomando en cuenta que en dicho país, para evitar sufrir el mismo destino que plataformas que tuvieron que abandonar el país como Deliveroo, empresas y repartidores, han tenido que migrar a esquemas de subcontratación que lejos de beneficiar a los repartidores, están resultando contraproducentes y no están mitigando la supuesta “precariedad” que advertían.
Es decir, la Ley Sheinbaum promovería lo que el gobierno del Presidente López Obrador ha combatido desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Luisa María Alcalde. Basta con leer una nota publicada hace unos días en El País: “Cuatro meses después de la entrada en vigor de la Ley Rider, la adaptación del modelo de negocio de las plataformas de reparto a domicilio a la nueva norma es desigual.
La ley establece que los repartidores tienen una relación laboral con las compañías, y no pueden ser considerados autónomos. De las plataformas que ya funcionaban en España, Glovo y Uber Eats siguen siendo cuestionadas pese a haber hecho cambios en su forma de operar”.
Es decir, la Ley Rider ha derivado en esquemas de contratación que no han resultado beneficiosos para los repartidores y que dejan fuera su autonomía, flexibilidad y disminuyen sus ingresos. Una Ley, sin duda bien intencionada terminó afectando precisamente a quienes buscaba proteger.
La lección de todo lo anterior y lo que cualquier gobierno debe tener presente es que debemos aprender de las experiencias internacionales así como tomar en cuenta a todos los actores del ecosistema cuando se habla de regulaciones y nuevas legislaciones en la economía colaborativa.
Dialogar es la clave para encontrar los mejores caminos que no solo no afecten los ingresos ni la flexibilidad de los trabajadores independientes, sino que además promuevan el crecimiento de plataformas digitales que contribuyen al crecimiento de la economía y de miles de negocios familiares. El desastre de la Ley Rider es evitable y no hay razón para repetirlo en otros países y ciudades, mucho menos cuando apenas estamos empezando a ver los alcances y beneficios de la economía colaborativa.
