Gobierno, sindicatos y empresarios volverán a reunirse este miércoles por la tarde en la mesa del diálogo social para abordar la conocida como “ley de riders”, que comprende a los trabajadores de aplicaciones como Uber y Rappi.
La conocida como ley de ‘riders’ no se centrará solo en este colectivo de trabajadores, sino que abarcará a todos los falsos autónomos. Es lo que han acordado Gobierno, sindicatos y empresarios en la mesa del diálogo social, que se volverá a reunir este miércoles con propuestas concretas.
Se aspira a establecer una regulación para evitar la proliferación del fraude laboral a través de plataformas digitales», ha apostillado CCOO en declaraciones tras el encuentro. O como dijo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hace apenas unos días: «Una persona que va en bicicleta no es un emprendedor, es un trabajador».
Los sindicatos de España , UGT y CCOO, señalaron que a van a trabajar en una propuesta que impida la utilización de la tecnología para el ocultamiento de relaciones laborales, con el objetivo de «garantizar los derechos tanto individuales como colectivos establecidos en el marco laboral al conjunto de los trabajadores, también cuando desarrollan su actividad a través de plataformas digitales y se presentan los elementos definitorios de una relación laboral».
La negociación sobre la nueva ley se está celebrando tan solo unos días después de que el Tribunal Supremo declarase a los ‘riders’ de Glovo como falsos autónomos. El Pleno de la Sala Cuarta estableció la relación existente entre los repartidores y la empresa, calificando su naturaleza de laboral, en línea con lo que han venido defendiendo Trabajo y los sindicatos.
Salario mínimo y tiempo de trabajo máximo
En concreto, se pretende asegurar para estos trabajadores de Uber, Rappi, Didi, etc., la garantía de un salario cuyo sueldo viene determinado por una norma legal, un tiempo de trabajo máximo junto a periodos mínimos de descanso, derechos asociados a la extinción del contrato de trabajo, el derecho a unas condiciones de trabajo seguras y saludables o el ejercicio de derechos colectivos con las garantías de indemnidad precisas, entre otras.
