Dentro de la denominada Ley Rider que alista implementar la Secretaría de Trabajo, se estaría contemplando convertir a repartidores y conductores de aplicaciones digitales en sindicalizados, decisión que preocupa entre los propios trabajadores pues aseguran, quedarían en manos de líderes y grupos que poco velarían por sus intereses.
En agosto pasado, alrededor de 900 repartidores denunciaron que la Secretaría de Trabajo ha sostenido reuniones con diversos grupos sindicales, con el fin de incluirlos en una regulación laboral de tipo gremial, sin tomarlos en cuenta en las negociaciones.
Sobre esto, Saúl Gómez y Paola Ángel voceros de la organización Ni un Repartidor Menos, denunciaron que estos grupos sindicales no contemplan representar a los poco más de 5 millones de repartidores de aplicaciones que hay en el país y por el contrario, buscan conformar un sindicato con el fin de obtener dinero a costa del trabajo de quienes se consideran trabajadores independientes.
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— #NiUnRepartidorMenos (@repartidorr) May 2, 2022
Los representantes de los denominados “repas” como se hacen llamar los repartidores de aplicaciones digitales, señalaron que existe contubernio entre autoridades de la Secretaría del Trabajo y los denominados “sindicatos charros”, para imponer un modelo laboral subordinado que podría ser aprobado en las próximas semanas.
Funcionarios federales estarían detrás de estos sindicatos
De acuerdo con lo expuesto por los representantes de repartidores en la Ciudad de México, serían el Sindicato de Conductores de Vehículos de Servicio (SICONVENSE), un sindicato hecho a la medida de un despacho laboral y el Corporativo Jurídico Especializado Jaro, en donde su principal socio, Juan Sebastián Olguín Rivas, es primo del Secretario de SICONVENSE, Juan Olivas Ibarra las organizaciones con las que la Secretaría de Trabajo estaría realizando las negociaciones.
“En SICONVENSE todo queda en familia. Los primos Olivas, comparten dirección con otras socias de las empresas en las que supuestamente el Secretario del sindicato es un trabajador activo: las hermanas Valeria y Yolanda Marín. Estas coincidencias familiares se replican dentro de la estructura de SICONVENSE en donde, de las 22 personas firmantes en el sindicato, sólo 8 no comparten nexos familiares”, indicaron los representantes de trabajadores de estas plataformas.
“El objetivo que tienen es extorsionar a los trabajadores de las plataformas digitales para hacerse de cuotas sindicales a expensas de sus ingresos y de compartir información privilegiada con despachos laboralistas interesados, para ganar juicios laborales por despidos o rescisiones, a costa de los ingresos de las plataformas”, agregaron.
Más funcionarios involucrados
Asimismo, denunciaron que existen otros grupos sindicales liderados por Rafael Buelna Serrano, Secretario Tesorero y Patricia Buelna García, Presidente y Secretaria de la Comisión de Hacienda, respectivamente quienes estarían levantando la mano para agrupar el trabajo de los repartidores.
Según compartieron, la familia Buelna ha sido acusada de enriquecimiento ilícito por incremento patrimonial inexplicable durante el tiempo en que Buelna Serrano fungió como servidor público de 2012 a 2017.
“No podemos quedar en manos del tesorero y los miembros de la Comisión de Hacienda del SICONVENSE, ellos serían los encargados de manejar las finanzas del sindicato y las cuotas sindicales de repartidores y conductores, impactando negativamente en nuestros ingresos y monopolizando una actividad que ha surgido como una alternativa para emplearnos independientemente”, alegaron.
Asimismo, indicaron que se ha hecho caso omiso de las peticiones que han presentado ante la Secretaría de Trabajo, a donde han acudido a negociar “las cosas que en verdad necesitamos como trato digno, cero discriminación en los lugares a los que acudimos a recoger pedidos, acceso a baño o justicia por los compañeros que han perdido la vida en accidentes viales o que han sido asesinados por la delincuencia”, sentenciaron.
Los voceros de los repartidores y trabajadores de plataformas digitales, indicaron que ya trabajan en conjunto con otras organizaciones como Nosotrxs y aliados, para frenar la decisión de la STPS al mismo tiempo que buscan generar un parlamento abierto para que sean escuchadas sus necesidades.
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