Una nueva demanda judicial enfrenta al gobierno de Donald Trump presentada por los dos sindicatos docentes más grandes de Estados Unidos. Alegan que permitir redadas migratorias en escuelas y sus alrededores genera temor entre estudiantes y familias migrantes, provocando absentismo, ansiedad y baja participación escolar. Testimonios recogen casos en Oregon donde agentes arrestaron a un padre en el estacionamiento de una guardería, lo que obligó al cierre temporal del centro educativo. Además, maestros declaran que alumnos muestran estrés y temen las repercusiones de acudir a clases.
Políticas, normas y protección legal amenazada
Los sindicatos sostienen que la eliminación de esas directrices vulnera el derecho a la educación, la protección familiar y las garantías constitucionales. Mientras tanto, la administración de Trump niega incursiones generalizadas en escuelas, aunque reconoce que agentes migratorios podrían intervenir si consideran que existen sospechas razonables, especialmente en casos que involucren delincuentes peligrosos.
En consecuencia, las comunidades educativas, las familias y las autoridades locales buscan respaldo judicial y protocolos que garanticen un ambiente seguro para todos los estudiantes. De igual manera, diversas entidades estatales estudian órdenes ejecutivas y legislación local para proteger alumnos de contextos vulnerables.
Cierre con un dato reciente que subraya la gravedad de la situación: más de 620 000 estudiantes indocumentados y 3,9 millones de menores ciudadanos con riesgo de separación familiar podrían verse afectados por estas medidas.
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