El Congreso mexicano abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre bebidas azucaradas tras la iniciativa de Ricardo Monreal en la Comisión de Salud. La propuesta busca impedir que los menores de edad consuman bebidas energéticas, argumentando que representan un riesgo mayor cuando se combinan con alcohol. El legislador también advirtió sobre la influencia de cabilderos que presionan para frenar cualquier intento de regulación. En apariencia, la medida apunta a proteger a la juventud de productos con efectos dañinos.
El problema de la regulación desigual
El debate surge por la incongruencia. Mientras se avanza en regular las bebidas energéticas, en cualquier tienda se consigue Electrolit, que se vende como un refresco más. Sin embargo, su clasificación como “medicamento” le permite esquivar todas las normas que enfrentan otras bebidas. No paga IEPS, no paga IVA y tampoco lleva sellos de advertencia en sus botellas.
En consecuencia, especialistas recuerdan que esta situación contrasta con lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El Electrolit contiene 3.7 veces más glucosa de lo que la OMS sugiere para una solución de rehidratación, pero sigue circulando sin restricciones fiscales ni de etiquetado. Asimismo, se ha señalado que este vacío en la regulación beneficia a una marca específica y deja en desventaja a otras empresas sujetas a reglas más estrictas.
Una polémica con impacto social
La iniciativa de Monreal abrió la pregunta de fondo: ¿por qué unos productos sí y otros no reciben impuestos y advertencias, pese a su impacto en la salud? Por otro lado, organizaciones sociales consideran que este doble rasero limita la efectividad de las políticas públicas contra la obesidad y la diabetes.
Datos recientes del Instituto Nacional de Salud Pública confirman que en México el consumo de bebidas azucaradas supera los 160 litros por persona al año, lo que agrava la urgencia de revisar la regulación.
