La nueva regulación mexicana para el trabajo en plataformas digitales instala un parteaguas en las relaciones laborales en México. Desde su arranque bajo modalidad piloto, introduce obligaciones que transforman, de fondo, la forma en que apps como Uber, DiDi o Rappi operan con quienes prestan servicios.
El proyecto propone que las empresas asuman responsabilidades de seguridad social cuando alguien conectado a la plataforma genere al menos un salario mínimo mensual neto. Así, deja de considerarse “socios” a quienes en realidad desempeñan funciones equivalentes a un empleo subordinado.
Desde julio de 2025 inició un programa piloto obligatorio para probar este nuevo modelo laboral sin desmantelar la operación de las plataformas. Bajo ese esquema, las plataformas deben retener y pagar cuotas al IMSS y al Infonavit, y garantizar prestaciones como vacaciones, aguinaldo y reparto de utilidades a quienes cumplan el umbral mínimo de ingresos.
Reconocimiento de la relación laboral
Las nuevas normas reconocen que, cuando la plataforma ejerza control sobre algoritmos, rutas, perfiles o asignaciones, esa relación debe asumirse como laboral. De igual manera se propone que las entidades no puedan evasionar responsabilidades delegándolas a usuarios o consumidores. Organizaciones sindicales han valorado el cambio, aunque advierten que quedan pendientes temas como el trámite de incapacidades y la representación efectiva de repartidores y conductores.
Desafíos en la implementación del modelo piloto
La transición enfrenta retos prácticos. Las plataformas han expresado que los nuevos costos podrían trasladarse a tarifas, mientras que agrupaciones de trabajadores exigen que el proceso sea transparente y no reduzca sus ingresos netos ni su flexibilidad.
Actualmente el programa piloto opera con vigilancia del IMSS, que debe ajustar los lineamientos conforme a resultados. Esta opción permitirá corregir desequilibrios antes de una posible aplicación general.
