La creciente exposición de trabajadores petroleros en Venezuela a riesgos físicos y cibernéticos ha encendido las alarmas dentro del sector energético. Desde instalaciones críticas en el estado Zulia hasta campos de producción en Monagas, el personal operativo ha reportado situaciones que amenazan no solo la continuidad de las operaciones, sino su integridad física y emocional.
Estas denuncias provienen de trabajadores que aseguran haber advertido a sus superiores sobre vulnerabilidades en la infraestructura, sin recibir respuestas concretas. Las preocupaciones incluyen desde fallos en los sistemas de control digital hasta carencias básicas en seguridad perimetral. Esta combinación, según los testimonios, coloca en riesgo a cientos de empleados en plantas y estaciones de bombeo.
Además, algunos operadores relatan haber sido víctimas de intentos de sabotaje cibernético que, aunque no lograron detener las operaciones, sí provocaron interrupciones y aumentaron el estrés laboral. Las medidas preventivas actuales no han sido suficientes, lo que refuerza la sensación de abandono entre los equipos en campo.
Amenazas a la operación y al bienestar de los trabajadores
Especialistas en seguridad industrial han señalado que estas fallas podrían afectar directamente la producción petrolera del país, aún más en un contexto donde Venezuela busca reactivar su capacidad exportadora. Pero más allá del impacto económico, lo que está en juego es la vida y seguridad de quienes garantizan el funcionamiento de la industria.
En un documento reciente, la empresa mixta Oryx alertó sobre “amenazas de carácter físico y lógico” que requieren atención inmediata. Aunque el informe fue interno, su filtración confirma que existe un reconocimiento institucional de las fallas, pero aún sin soluciones visibles para el personal afectado.
Una auditoría realizada en septiembre de 2025 reveló que al menos 14 instalaciones operativas no cuentan con protocolos cibernéticos actualizados, ni con vigilancia física activa durante los turnos nocturnos.
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