El avance hacia una jornada laboral de 40 horas semanales en México ha encendido alertas en sectores económicos que dependen de la flexibilidad horaria y del trabajo adicional. Aunque la reforma busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, su implementación podría restringir gravemente las horas extra, reduciendo ingresos esenciales para millones de familias.
La propuesta plantea un máximo legal de 12 horas extra por semana, lo que representa un cambio sustancial respecto al esquema actual. Hoy en día, es posible pagar hasta nueve horas extra con tarifa doble y, posteriormente, hasta otras nueve con pago triple. Esta práctica ha sido particularmente útil para industrias como la automotriz, donde los picos de producción requieren jornadas extendidas y los trabajadores complementan su salario base mediante este sistema.
Industria y trabajadores, en la misma línea de preocupación
Para el sector automotriz, estas restricciones afectan no solo la operación de plantas, sino también los bolsillos de operarios que han hecho del tiempo extra una herramienta para alcanzar mejores condiciones económicas. El modelo de producción flexible que impera en fábricas de autos y autopartes se ve directamente comprometido.
De igual manera, expertos en derecho laboral, como Diego García Saucedo, han advertido que limitar legalmente el pago de horas extra puede generar efectos contraproducentes si no se acompaña de un reajuste salarial y operativo. En su forma actual, la reforma pone techo a una de las pocas opciones que los trabajadores tienen para mejorar su ingreso.
En consecuencia, la reforma enfrenta críticas no por su espíritu de protección, sino por omitir condiciones materiales que impidan un retroceso en el poder adquisitivo del trabajador mexicano.
