La posible reforma a la Ley del Servicio Civil de Morelos y la eventual creación del Instituto de Pensiones solo avanzarán si cuentan con el respaldo de trabajadores en activo, jubilados y pensionados, aseguró el Gobierno estatal tras una nueva mesa de diálogo con organizaciones sindicales.
El encuentro, que se prolongó durante cuatro horas, reunió a sindicatos de distintas instituciones y asociaciones de pensionados y jubilados. Como parte de los acuerdos, los participantes aprobaron incorporar al dirigente del sindicato del Poder Ejecutivo estatal, José Ramón Wong Balboa, a la comisión de enlace.
Reforma no llegará al Congreso sin acuerdo
Al término de la reunión, el secretario de Administración y Finanzas, Jorge Salazar Acosta, afirmó que actualmente no existe una iniciativa redactada y reiteró que cualquier propuesta será producto del consenso alcanzado en las mesas de trabajo.
El funcionario aseguró que el Gobierno estatal mantendrá un respeto absoluto a los derechos laborales y descartó que exista la intención de afectar las pensiones o modificar derechos adquiridos por los trabajadores.
También explicó que serán las propias organizaciones quienes decidirán el mecanismo para presentar una eventual propuesta al Congreso local, ya sea mediante un acuerdo unánime o por mayoría. En esa determinación, precisó, el Gobierno no tendrá derecho a voto.
Las agrupaciones volverán a reunirse el próximo 10 de agosto para definir los siguientes pasos del proceso.
Sindicatos fijan tres condiciones
José Ramón Wong Balboa señaló que los sindicatos establecieron tres puntos que consideran irrenunciables durante las negociaciones.
El primero consiste en impedir modificaciones a las cuentas individuales y a los derechos ya adquiridos por los trabajadores. El segundo busca evitar un incremento en los años de servicio necesarios para obtener una jubilación al cien por ciento. Finalmente, las organizaciones rechazan cualquier aplicación retroactiva que afecte a jubilados y pensionados.
El dirigente sostuvo que los trabajadores no deben asumir las consecuencias de un posible deterioro de las finanzas estatales y atribuyó la falta de recursos al manejo de administraciones anteriores. Además, aseguró que las organizaciones defenderán las prestaciones y derechos laborales conquistados durante décadas y mantendrán su participación en las mesas de diálogo hasta alcanzar acuerdos que brinden certeza a los trabajadores del estado.
