El derecho a huelga fue presentado como una herramienta esencial para proteger los servicios públicos durante el Public Services Fightback Forum, donde dirigentes sindicales internacionales advirtieron que limitar esta garantía debilita la capacidad de los trabajadores para enfrentar recortes, privatizaciones y el deterioro de las condiciones laborales.
Los participantes sostuvieron que la suspensión colectiva del trabajo no solo constituye un mecanismo de presión en las negociaciones, sino también una vía para defender la calidad de los servicios que reciben las comunidades. Además, destacaron que la reciente postura de la Corte Internacional de Justicia fortalece el reconocimiento de este derecho dentro de la libertad de asociación.
Derecho a huelga fortalece la defensa sindical
Paapa Kwasi Danquah, director de Derechos Jurídicos y Sindicales de la Confederación Sindical Internacional (CSI), afirmó que el derecho a huelga ayuda a equilibrar la relación entre trabajadores, empleadores y el Estado. Asimismo, pidió que los sindicatos expliquen cómo cada movilización contribuye a mejorar la atención pública, fortalecer las comunidades y proteger la democracia.
Durante el foro también intervino Oumar Ba, secretario general del sindicato senegalés SATES, quien relató que perdió su empleo tras participar en acciones sindicales. Según explicó, otros dirigentes enfrentaron traslados arbitrarios, bloqueos en sus carreras profesionales y retención de cuotas sindicales, situaciones que, a su juicio, desalientan la participación de los trabajadores.
Organizaciones proponen acciones de protección
Semir Said, coordinador de organización de PSI para África y los países árabes, señaló que los sindicatos deben fortalecer la participación directa de sus afiliados para ampliar su capacidad de negociación. Del mismo modo, Daniel Bertossa, secretario general de PSI, aseguró que una membresía organizada representa la principal protección para cualquier dirigente sindical frente a represalias.
Los asistentes propusieron elaborar planes regionales que identifiquen restricciones al ejercicio de la huelga, creen redes de respuesta rápida ante ataques contra líderes sindicales y documenten las estrategias más eficaces para compartirlas entre distintos sectores y países. En consecuencia, coincidieron en que la movilización organizada seguirá siendo una pieza fundamental para defender los derechos laborales y la calidad de los servicios públicos.
