El discurso verde en CDMX frente a la desigualdad ambiental
La llamada “México por el Clima: Semana de Acción” en la Ciudad de México dejó más preguntas que soluciones. Detrás del discurso verde que acompañó las presentaciones oficiales y los paneles corporativos, quedaron en evidencia los contrastes entre las promesas de sostenibilidad y la realidad ambiental de la capital mexicana.
Mientras el gobierno local y grandes empresas anunciaban compromisos ecológicos, vecinos de zonas afectadas por inundaciones y acumulación de residuos denunciaron la falta de acciones concretas. Además, especialistas subrayaron que el evento, presentado como una muestra de liderazgo climático, terminó reproduciendo prácticas de brandwashing y omitiendo la participación real de trabajadores y comunidades.
Organizaciones sociales y sindicatos urbanos señalaron que los programas ambientales suelen excluir a quienes más padecen las consecuencias de la contaminación y la falta de infraestructura. Por otro lado, empleados de limpieza, mantenimiento y transporte público siguen enfrentando condiciones precarias mientras los recursos se destinan a campañas de imagen institucional.
Del mismo modo, organizaciones sociales y sindicatos urbanos señalaron que los programas ambientales suelen excluir a quienes más padecen las consecuencias de la contaminación y la falta de infraestructura. Por otro lado, empleados de limpieza, mantenimiento y transporte público siguen enfrentando condiciones precarias mientras los recursos se destinan a campañas de imagen institucional.
También se denunció que muchas de las empresas patrocinadoras del evento, entre ellas Cemex, Heineken México y Scotiabank, mantienen operaciones con bajo control ambiental y antecedentes de impacto negativo. Cemex, por ejemplo, figura entre los principales emisores industriales de CO₂, mientras Heineken fue señalada por su uso excesivo de agua durante la sequía de Monterrey en 2022. Scotiabank, por su parte, se presenta como promotora de finanzas sostenibles aunque sigue financiando proyectos petroleros y gasíferos.
Estas alianzas entre el sector privado y el gobierno capitalino consolidan un modelo de greenwashing corporativo: se promueven discursos sobre sostenibilidad mientras se evitan transformaciones estructurales.
Durante la inauguración, Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que la capital aumentará su meta de reducción de emisiones en 35 % para 2030. En el evento participaron Erika Valencia Torres, directora ejecutiva de México por el Clima, y Julia Álvarez Icaza, titular de la Secretaría del Medio Ambiente, quienes destacaron la relevancia de la cooperación multisectorial. También estuvo presente Eduardo Murat Hinojosa, ponente del sector empresarial, cuya participación reforzó la lectura política del encuentro.
El foro no solo levantó cuestionamientos por su narrativa, sino también por su costo. La experiencia VIP tuvo un precio de 8,000 pesos, y la cena de gala alcanzó los 10,000 pesos por persona, bajo la etiqueta de “cuota de recuperación”. En un evento financiado parcialmente con fondos públicos y patrocinadores privados, la transparencia sobre el uso de los ingresos es indispensable. El gobierno debe aclarar el destino del dinero y los criterios para seleccionar a las empresas participantes.
Más allá de la Ciudad de México, otras capitales latinoamericanas están explorando modelos de colaboración con resultados tangibles. Santiago impulsa una red de economía circular para reducir desechos industriales; Medellín avanza en proyectos de movilidad eléctrica pública; y Quito experimenta con planes de drenaje sostenible que integran comunidades locales. Estos casos muestran que la región está activa en materia climática, aunque con enfoques más centrados en la ejecución que en la exposición mediática.
Ambientalistas y académicos insistieron en que la mitigación del cambio climático debe incluir justicia social y laboral. No puede hablarse de sostenibilidad mientras quienes limpian, mantienen y transportan los recursos de la ciudad trabajan sin seguridad social.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que más del 60% de los trabajadores en servicios ambientales y de limpieza en la CDMX operan sin seguridad social, lo que agrava la brecha entre discurso y acción climática.
El reto no está en los slogans, sino en la capacidad institucional para atender las causas estructurales: drenajes colapsados, infraestructura insuficiente y falta de políticas de inclusión ambiental. De lo contrario, “México por el Clima” corre el riesgo de consolidarse como un escaparate más del marketing verde y no como una plataforma de transformación ambiental.
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