Hospital rural en Estados Unidos lucha por contratar personal de salud ante nueva tarifa de visa H-1B de 100 000 dólares.
Nueva tarifa de visa H-1B complica contratación en salud rural

Nueva tarifa de visa H-1B complica contratación en salud rural

Un cambio en la política migratoria laboral encendió alertas en el sistema de salud de Estados Unidos. La imposición de una nueva tarifa elevada para visas de trabajo comenzó a impactar la contratación de personal médico en comunidades rurales, donde la escasez de profesionales ya limita la atención.

La medida fija un cargo de 100 mil dólares para ciertas solicitudes iniciales de visas H-1B promovidas por empleadores. Aunque el ajuste buscó frenar abusos en sectores de alta demanda, hospitales pequeños quedaron incluidos. El impacto resulta inmediato en centros con presupuestos ajustados y alta dependencia de personal extranjero.

Impacto de la visa H-1B en hospitales rurales

Centros de salud rurales reportaron que el nuevo costo equivale a uno o dos salarios anuales completos. En Dakota del Norte, un hospital comunitario explicó que contratar a un técnico de laboratorio extranjero ahora representa un gasto que compromete otras posiciones esenciales. La institución había evaluado decenas de candidatos calificados de países como Filipinas y Nigeria.

Administradores de hospitales señalaron que no existe un excedente local de profesionales dispuestos a ocupar estas vacantes. La medida, aplicada durante la administración de Donald Trump, no distinguió entre grandes corporaciones y proveedores rurales. Como resultado, algunas clínicas consideran dejar plazas sin cubrir o reducir servicios.

Especialistas legales advirtieron que solicitar exenciones implica procesos largos y sin garantías. Asociaciones médicas y redes de salud rural pidieron ajustes urgentes para evitar cierres parciales.

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Datos del sector indican que una proporción significativa de médicos, enfermeras y técnicos en áreas rurales nació fuera del país. Sin alternativas viables de contratación, el aumento de la tarifa amenaza la continuidad de la atención básica en comunidades que ya enfrentan barreras geográficas y económicas.

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