Informalidad laboral y empleo juvenil en Argentina
El mercado de trabajo en Argentina vuelve a mostrar señales de alarma que afectan de forma directa a las generaciones más jóvenes. Un nuevo estudio académico revela que la informalidad laboral avanza con fuerza entre quienes intentan incorporarse al empleo sin acceso a derechos básicos.
Un informe reciente de la Universidad de Buenos Aires analiza la evolución del empleo no registrado, las remuneraciones y su vínculo con la pobreza laboral en el país. El diagnóstico aparece en un momento sensible, marcado por la postergación del debate de la reforma laboral hasta febrero y por un escenario económico restrictivo.
La investigación, elaborada por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, indica que durante el segundo trimestre de 2025 la informalidad alcanzó al 67 por ciento de las personas de entre 16 y 24 años. Esta cifra supera en casi 24 puntos porcentuales el promedio general y confirma que siete de cada diez jóvenes trabajan sin cobertura legal en Argentina.
Además, el problema no se limita a un grupo etario específico. La informalidad laboral afecta al 43.3 por ciento del total de las personas ocupadas, lo que implica que cuatro de cada diez empleos carecen de protección en materia laboral, impositiva y de seguridad social.
El estudio muestra diferencias marcadas entre los tipos de inserción. Entre las personas asalariadas, la informalidad se ubica en 36.7 por ciento. En contraste, entre quienes trabajan por cuenta propia el indicador asciende a 64.7 por ciento, lo que evidencia una mayor vulnerabilidad en este segmento.
Del mismo modo, el análisis señala que muchos trabajadores independientes ingresan a esta condición ante la falta de empleo registrado, lo que refuerza dinámicas de precarización laboral persistentes.
La informalidad laboral tampoco se distribuye de manera uniforme a lo largo de la vida. La incidencia más baja aparece entre trabajadores de 45 a 64 años, con una tasa de 34.6 por ciento. En cambio, el grupo de 25 a 44 años registra 42.9 por ciento, mientras que las personas mayores de 65 años alcanzan 53.1 por ciento.
El patrón dibuja una curva en forma de U, con mayor precariedad al inicio y al final de la trayectoria laboral. Este fenómeno refuerza la presión sobre los ingresos y limita el acceso a derechos básicos en amplios sectores de la población económicamente activa.
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