La recuperación económica tras la pandemia ha sido dispareja en México. A pesar del crecimiento en algunos sectores, el mercado laboral enfrenta retrocesos preocupantes. En noviembre de 2025, la tasa de desempleo subió a 2.7%, su nivel más alto en cinco meses, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El alza, aunque aún baja comparada con niveles prepandémicos, refleja un deterioro en la calidad del empleo y una mayor presión sobre las familias trabajadoras.
Este incremento contrasta con la narrativa de estabilidad promovida desde el Gobierno Federal. En términos absolutos, el número de personas sin empleo pasó de 1.5 millones a 1.6 millones. Además, casi 33 millones de personas, es decir, el 54.5% de la población ocupada, permanecen en la informalidad. Esta cifra representa no solo una falla estructural del mercado laboral, sino también un obstáculo para la protección de derechos laborales y acceso a seguridad social.
Precariedad laboral: rostro persistente del empleo
El estancamiento del empleo formal resalta otro problema: la informalidad sigue siendo el refugio de millones ante la falta de oportunidades estables. Esto afecta especialmente a jóvenes, mujeres y trabajadores de zonas rurales. Aunque se mantiene una tasa general de ocupación elevada, la precariedad laboral limita el acceso a condiciones dignas, estabilidad salarial y prestaciones básicas.
Por otro lado, el subempleo afecta al 7.6% de la población ocupada, una cifra que, aunque inferior al año anterior, evidencia el problema de trabajadores con jornadas y remuneraciones insuficientes. Esta tendencia se profundiza en sectores como el comercio y los servicios personales.
El 11.3% de la población ocupada declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, lo que refleja no solo subutilización del talento laboral, sino también una urgencia económica insatisfecha.
