El Congreso del Estado de México aprobó reformas para prohibir la injerencia de personas servidoras públicas en la vida interna de los sindicatos del sector público estatal y municipal. Con esta decisión, el poder legislativo reconoce de manera expresa la autonomía sindical como eje del derecho colectivo del trabajo.
La reforma impide que dependencias gubernamentales intervengan en la constitución, funcionamiento, administración o procesos electorales de las organizaciones gremiales. También prohíbe influir en la elegibilidad, reelección o destitución de sus dirigentes.
Reforma contra la injerencia en sindicatos
La iniciativa fue impulsada por el diputado Rigoberto Vargas Cervantes, quien sostuvo que el objetivo es evitar el uso político o administrativo de los sindicatos. El legislador afirmó que la medida protege el ejercicio pleno de los derechos colectivos de las personas servidoras públicas.
Durante la discusión, Ernesto Santillán Ramírez destacó que la reforma fortalece la democracia laboral. Subrayó que no puede existir vida democrática sin sindicatos libres de cualquier injerencia institucional.
Las modificaciones a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y a la Ley de Responsabilidades Administrativas establecen que cualquier intromisión constituirá falta administrativa grave.
Sanciones y conductas prohibidas
Entre las sanciones previstas se encuentran suspensión, destitución, multa económica e inhabilitación temporal. Cuando los hechos configuren delito, las autoridades darán vista al Ministerio Público. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México aplicará las sanciones correspondientes.
La norma tipifica como injerencia condicionar apoyos al voto sindical, ofrecer ascensos a cambio de respaldo político o usar recursos públicos en campañas internas. También sanciona represalias contra trabajadores que no apoyen determinada planilla.
El Congreso señaló que la reforma se alinea con los principios de democracia sindical impulsados a nivel federal desde 2019. En México, la tasa de sindicalización se ubica entre 12% y 13% de la población ocupada, según datos de la Organización Internacional del Trabajo.
