Denuncias por explotación infantil en DIF de Oaxaca

El escándalo que sacude al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Oaxaca revela un entramado de presuntas irregularidades en la atención a menores en casas hogar del DIF estatal. Las denuncias provienen de trabajadores adscritos a esa institución y de adolescentes bajo resguardo, quienes describen prácticas que, de confirmarse, constituirían graves vulneraciones a derechos humanos y laborales dentro de centros diseñados para proteger a la infancia.

Los testimonios de trabajadores señalan que desde principios de 2025 existen constancias formales de maltrato psicológico, explotación y uso indebido de menores en actividades laborales sin remuneración. Se acusa a mandos de asignar a niños y adolescentes tareas fuera de su resguardo institucional, como la elaboración y venta de alimentos, utilizando insumos destinados originalmente a su alimentación básica.

Asimismo, adolescentes relatan condiciones precarias en los albergues, desde racionamiento alimentario hasta falta de atención digna de sus necesidades básicas, pese a que existe presupuesto público para sostener dichos hogares. Las quejas se han presentado ante diversas instancias de protección de derechos, incluida la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca.

Impacto laboral y de confianza

Las denuncias han trascendido el ámbito institucional y generado un paro laboral de trabajadores sindicalizados, quienes exigen investigaciones profundas y sanciones contra los servidores públicos implicados. La persistencia de estas acusaciones sin respuestas contundentes afecta no solo la integridad de niños y adolescentes, sino también la confianza en organismos públicos encargados del bienestar social.

Del mismo modo, la ausencia de medidas visibles para atender las quejas ha generado inquietud entre colectivos civiles y diversas legislaturas, que ahora demandan mayor transparencia y supervisión. El debate público se ha centrado en la necesidad de mecanismos de control internos más sólidos y de una evaluación externa que esclarezca responsabilidades.

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