El gobierno de Bolivia acordó con los principales sindicatos la anulación del decreto económico que provocó protestas, marchas y bloqueos de carreteras durante seis días consecutivos. El pacto se alcanzó tras un diálogo directo entre ministros del gabinete y dirigentes de la Central Obrera Boliviana, que encabezó la presión social.
La decisión responde a la movilización de obreros, mineros, campesinos y maestros, quienes denunciaron que el decreto de “salvataje económico” beneficiaba a grandes capitales y trasladaba el impacto del ajuste a los trabajadores. El Ejecutivo confirmó que el decreto 5503 se abrogará en su totalidad, aunque la medida aún espera formalización oficial.
Bolivia enfrenta una fuerte tensión económica marcada por el aumento del costo de vida y una inflación interanual que alcanzó 20 por ciento en diciembre, factores que detonaron el rechazo social.
Bolivia pacta nueva norma tras presión sindical
El acuerdo establece la creación inmediata de una comisión mixta para redactar un nuevo decreto con aportes de los sindicatos y organizaciones campesinas. La futura norma mantendrá la eliminación de la subvención a la gasolina y el diésel, pero anulará otros artículos que generaron mayor rechazo social.
El diálogo se realizó en la ciudad de El Alto, una de las zonas más afectadas por los bloqueos. En el encuentro participaron seis ministros, incluido el de la Presidencia, junto con los máximos dirigentes sindicales del país.
Los sindicatos afirmaron que la movilización obligó al gobierno a rectificar el rumbo económico y advirtieron que vigilarán el cumplimiento del acuerdo alcanzado.
Levantan protestas, pero mantiene estado de emergencia
Tras la firma del pacto, la Central Obrera Boliviana ordenó el levantamiento inmediato de las medidas de presión, incluidos los bloqueos carreteros. No obstante, algunas organizaciones mantuvieron cortes de vías de forma temporal, a la espera de que la anulación del decreto se concrete oficialmente.
El dirigente minero Mario Argollo aseguró que el acuerdo representa una victoria colectiva. Afirmó que el resultado demuestra que la presión social permitió proteger los intereses de la mayoría de la población.
El conflicto se originó tras el aumento de hasta 162 por ciento en el precio del diésel y de 86 por ciento en la gasolina, cifras que marcaron un punto de quiebre en la estabilidad económica de Bolivia.
