Cifras del INEGI muestran que uno de cada cuatro trabajadores en México labora más de 48 horas semanales, un nivel que rebasa lo establecido por la Ley Federal del Trabajo. En medio de este escenario, el gobierno federal ha impulsado una reducción gradual a 40 horas para 2030.
Frente a esta propuesta, la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope) rechaza cualquier implementación que se realice sin diálogo previo con los sectores productivos.
El sector terciario, que concentra una parte sustancial del empleo en el país, enfrenta condiciones operativas particulares. Tiendas, restaurantes y servicios dependen del flujo constante de clientes, de la atención en horarios extendidos y de la operación los fines de semana.
Para Canacope, imponer de manera inmediata la jornada de 40 horas pondría en riesgo la productividad y la viabilidad de miles de negocios que funcionan con márgenes reducidos.
Impacto económico en las pequeñas y medianas empresas
Más del 90 por ciento de las unidades económicas en México son micro, pequeñas y medianas empresas. Estas organizaciones operan con recursos limitados y tienen poca capacidad de absorber incrementos en costos laborales.
La reducción de la jornada, si no se acompaña de incentivos o medidas de transición, podría generar mayor informalidad y afectar directamente la permanencia de negocios familiares.
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Contexto legislativo y presión social
La iniciativa de reducir la jornada se enmarca en un compromiso de gobierno que busca homologar a México con estándares internacionales. Mientras tanto, colectivos de trabajadores insisten en que la aplicación gradual representa un retraso a una deuda histórica.
La discusión se intensifica, ya que México registra en promedio 2 128 horas trabajadas al año, más de 400 por encima de la media de la OCDE, lo que lo convierte en uno de los países con las jornadas más extensas del mundo.
