La Central Obrera Boliviana intensificó el conflicto social en Bolivia tras declarar estado de emergencia y anunciar un paro nacional con bloqueos de carreteras, en rechazo a un decreto que modificó de forma abrupta el precio de los combustibles.
La medida sindical surgió después del colapso del diálogo con el gobierno y de operativos policiales registrados en La Paz. Las movilizaciones buscaron llegar a Plaza Murillo para entregar demandas, pero fuerzas de seguridad dispersaron a manifestantes con gases lacrimógenos y balines.
Además, la dirigencia sindical afirmó que la protesta refleja un malestar extendido entre trabajadores urbanos, rurales e industriales. El aumento del costo de vida y la presión sobre los ingresos familiares colocaron el tema en el centro del debate público.
Central Obrera Boliviana exige derogar el Decreto 5503
La Central Obrera Boliviana rechazó el Decreto 5503, que eliminó subsidios a los combustibles vigentes por casi dos décadas. La norma provocó un incremento inmediato del 86 por ciento en la gasolina y del 163 por ciento en el diésel, según datos oficiales.
El secretario ejecutivo Mario Argollo afirmó que la movilización no responde a un interés sectorial. El dirigente sostuvo que el paro nacional busca obligar al Ejecutivo a revertir una decisión que calificó como un ajuste económico con alto costo social.
Asimismo, la organización sindical denunció que el decreto amenaza el empleo y eleva los costos de producción en transporte, agricultura, minería e industria. La COB advirtió que no aceptará modificaciones parciales y exige la derogación total de la norma.
Impacto económico y división política
El alza de combustibles generó aumentos inmediatos en tarifas de transporte urbano e interdepartamental. Este efecto se trasladó al precio de alimentos y bienes básicos, reduciendo el poder adquisitivo de los hogares.
Por otro lado, el gobierno defendió la medida como necesaria para sanear las finanzas públicas y estabilizar la economía. Los sindicatos y organizaciones sociales respondieron que la decisión rompe con un modelo de protección estatal.
De igual manera, cifras oficiales difundidas desde agosto de 2025 ya mostraban señales de desaceleración del empleo formal, un contexto que amplifica el impacto social del actual paro nacional.
