Pagar una casa con el salario de un trabajador del sector público en México ha sido, por años, una promesa convertida en carga. En Guanajuato, miles de empleados estatales enfrentaron deudas con el FOVISSSTE que superaban hasta por seis veces el valor original del crédito, sin que la vivienda mejorara ni un metro cuadrado.
Esta situación no es nueva, pero la magnitud del problema en la entidad provocó una alerta social. De acuerdo con testimonios recopilados por la organización Movimiento Nacional de Vivienda y por el Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior, los esquemas de cobranza aplicados por el FOVISSSTE mantuvieron a trabajadores cautivos bajo intereses acumulativos, comisiones excesivas y saldos impagables, aún después de años de descuento quincenal.
Créditos impagables, salarios retenidos
El caso de un docente jubilado, cuya deuda pasó de 340 mil pesos a más de 1.8 millones, ejemplifica el modelo regresivo que afectó a miles. Incluso después de jubilarse, el afectado seguía recibiendo cobros por parte de despachos externos. La falta de fiscalización sobre estos esquemas, sumada a la tercerización de los cobros, generó un entorno de abuso y vulnerabilidad para los trabajadores.
Por otro lado, activistas sindicales han denunciado que estas prácticas no solo violan principios de justicia social, sino que desarticulan cualquier posibilidad de retiro digno. En respuesta, el Congreso de Guanajuato recibió este diciembre una propuesta formal para auditar los créditos otorgados entre 2010 y 2020, así como los mecanismos de recuperación implementados por FOVISSSTE y sus filiales.
Una investigación reciente del colectivo Deudores del FOVISSSTE reveló que al menos 2,500 trabajadores en Guanajuato se encuentran en juicio o proceso de negociación por adeudos inflados. Las consecuencias van desde la pérdida de patrimonio hasta la afectación del historial crediticio.
