La expansión de los fraudes digitales en México no solo refleja un problema de seguridad, sino también una manifestación de las desigualdades estructurales que persisten en el mercado laboral. En el último año, los casos de estafas cibernéticas crecieron de forma acelerada, aprovechando la incertidumbre económica que viven millones de personas. Las víctimas más frecuentes son mujeres y trabajadores informales, dos sectores históricamente excluidos de redes de protección social.
Detrás de cada clic en una oferta falsa o un mensaje fraudulento hay una necesidad urgente: encontrar empleo, generar ingresos o cubrir una emergencia.
Fraudes digitales profundizan la desigualdad económica
El 58% de los fraudes afectan a mujeres, muchas de ellas trabajadoras informales o jefas de familia, que buscan alternativas económicas en línea sin contar con herramientas de verificación digital. Además, más de la mitad de la población ocupada en México trabaja sin contrato ni acceso a seguridad social, lo que agrava el impacto de estas estafas.
Este patrón no es aislado. En plataformas como WhatsApp y Facebook, circulan a diario anuncios con promesas irreales, que apelan al miedo o la necesidad. La informalidad no solo deja sin derechos laborales, también sin defensas frente a la manipulación digital. Quienes caen en estos fraudes, en muchos casos, no cuentan con vías legales ni canales institucionales para hacer valer sus derechos.
Durante el segundo semestre de 2025, se reportó un aumento del 21% en fraudes digitales comparado con el trimestre anterior, cifra que obliga a redoblar esfuerzos desde los sindicatos, las instituciones públicas y la sociedad civil para proteger a quienes más lo necesitan.
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