Tras más de dos semanas de negociaciones intensas, sindicatos docentes y el Departamento de Educación de Cataluña alcanzaron un preacuerdo que podría poner fin a uno de los conflictos laborales más relevantes del sector educativo español en los últimos meses.
El pacto contempla aumentos salariales progresivos, mejoras en las condiciones laborales y la incorporación de miles de trabajadores al sistema educativo. La propuesta será sometida ahora a consulta entre el profesorado antes de su ratificación definitiva.
Acuerdo tras jornadas marcadas por la huelga
Las conversaciones se extendieron durante 16 días y ocho reuniones. Finalmente, la administración educativa aceptó elevar un nuevo complemento salarial hasta 172 euros mensuales, cifra que se suma a otros incrementos ya pactados y que permitirá alcanzar cerca de 400 euros adicionales al mes para 2029.
Los sindicatos valoraron que la nueva propuesta mejora sustancialmente el acuerdo firmado en marzo. Asimismo, representantes del Departamento de Educación defendieron que el pacto sienta bases para fortalecer el sistema educativo y mejorar la estabilidad laboral de los trabajadores del sector.
Además de los incrementos salariales, el documento prevé la incorporación de 6 mil 400 nuevas plazas docentes y de personal educativo durante los próximos años. También incluye compromisos para devolver pagos pendientes relacionados con antigüedad profesional y ampliar las oportunidades de promoción interna.
Más personal y mejoras para el sistema educativo
Las negociaciones también abordaron la creación de nuevas plazas de cátedra en educación secundaria. El gobierno regional se comprometió a convocar 2 mil 500 plazas en un primer periodo y una cantidad similar posteriormente.
Aunque existe optimismo entre varias organizaciones sindicales, algunos grupos mantienen reservas sobre el contenido del acuerdo y todavía evalúan respaldarlo. Las movilizaciones podrían continuar de forma parcial mientras concluye la consulta entre el profesorado.
El preacuerdo tiene un costo estimado de 726 millones de euros e incluye la incorporación de más de mil trabajadores educativos adicionales desde el próximo ciclo escolar, una de las principales demandas planteadas durante el conflicto.
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