La noticia sobre la disolución de CIBanco tomó por sorpresa a cientos de trabajadores en todo el país. A partir del 11 de octubre, comenzó el proceso formal de liquidación del personal, como consecuencia directa de la revocación de su licencia para operar, orden emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La medida se justificó por una acumulación de pérdidas que comprometió la viabilidad del banco como institución de banca múltiple.
Liquidación de CIBanco expone desafíos laborales estructurales
El banco asegura que la liquidación se llevará a cabo conforme a la legislación laboral vigente, lo que incluye el pago completo de indemnizaciones y otras prestaciones. No obstante, entre los trabajadores afectados predominan la preocupación y la incertidumbre, especialmente en casos donde hay antigüedad elevada o prestaciones pendientes de liquidar.
También han comenzado a circular reportes sobre la falta de información clara en algunas plazas, lo que ha generado tensión adicional entre quienes esperan una resolución rápida y justa. Las autoridades laborales ya intervienen en el proceso, mientras algunos sindicatos del sector han pedido supervisión directa para evitar posibles omisiones o retrasos.
La intervención del IPAB garantiza que los ahorros de los clientes estén protegidos, aunque esto no alivia el impacto directo que la liquidación genera sobre las familias de los empleados cesados. Este caso resalta la necesidad urgente de mecanismos más sólidos para anticipar y mitigar los efectos sociales de los cierres bancarios.
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