Cuando una empresa en Perú llama a un trabajador a una “charla de advertencia”, el encuentro puede ocultar algo más grave: un intento indirecto de forzar una renuncia. Este tipo de prácticas, aunque no siempre ilegales, cruzan con frecuencia los límites éticos y atentan contra los derechos laborales, generando un ambiente de presión que puede equivaler a un despido encubierto.
En el país, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral no prohíbe las conversaciones para “invitar” a una renuncia, siempre que no haya amenazas ni se condicione la permanencia en el puesto a la firma de una carta. No obstante, según alertan especialistas, esta ambigüedad legal es aprovechada por algunos empleadores para disfrazar decisiones unilaterales y evadir las indemnizaciones por despido arbitrario.
Despido encubierto: ¿cómo detectarlo y qué hacer?
Las señales de una posible renuncia forzada incluyen presiones reiteradas, cambios injustificados en las condiciones laborales o mensajes directos sobre la conveniencia de “dar un paso al costado”. En estos casos, la recomendación legal es clara: no firmar ningún documento sin revisión profesional y, si la presión continúa, acudir a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).
En los últimos meses, esta problemática ha cobrado visibilidad en sindicatos y gremios peruanos, que denuncian un incremento de prácticas de acoso laboral orientadas a reducir plantillas sin asumir costos legales. Si este artículo te está gustando, podrías leer: Cómo identificar un despido nulo en procesos de reestructuración.
En Perú, el despido arbitrario obliga a pagar una indemnización de hasta 12 sueldos, dependiendo del tipo de contrato. Por ello, muchos empleadores optan por mecanismos indirectos. Según cifras del Ministerio de Trabajo, entre agosto y noviembre de 2025 se presentaron más de 1,400 denuncias por presiones indebidas en contextos de salida laboral.
