La explotación laboral sigue siendo una de las formas más crudas de vulneración a los derechos humanos en pleno siglo XXI. En España, recientes datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Confederación Sindical Internacional (CSI) alertan que uno de cada cinco trabajadores en el mundo enfrenta condiciones de explotación o carece por completo de protección social. La situación no es ajena al contexto español, donde persisten abusos, especialmente en sectores feminizados y en la economía informal.
Esta alarmante cifra se difundió en el marco del Día de los Derechos Humanos, el pasado 10 de diciembre, cuando la Unión Sindical Obrera (USO) advirtió sobre el retroceso global en materia de derechos laborales. A nivel internacional, 453 millones de personas trabajan sin acceso a ningún tipo de protección, incluidas licencias por enfermedad o prestaciones básicas.
La explotación laboral también afecta en entornos regulados
En el ámbito europeo, España mantiene convenios ratificados que prohíben el trabajo forzoso, sin embargo, organizaciones sindicales denuncian casos donde las condiciones contractuales, la temporalidad extrema o el encadenamiento de contratos encubren prácticas cercanas a la explotación. Trabajadores migrantes, del sector agrario y de cuidados son especialmente vulnerables.
Por otro lado, el informe de la CSI clasifica a España dentro del grupo de países donde se respetan los derechos sindicales, aunque con restricciones. Esta contradicción evidencia la necesidad de políticas más efectivas para hacer cumplir la legislación y reforzar los mecanismos de protección, sobre todo en sectores menos sindicalizados.
A escala global, se registraron más de 27 millones de personas en situación de trabajo forzoso en 2025, una cifra que contradice los compromisos asumidos por múltiples gobiernos en foros internacionales. La explotación laboral, lejos de reducirse, se transforma y se camufla, lo que exige mayor vigilancia sindical y voluntad política para erradicarla.
