Cientos de maestros marcharon este martes en distintas ciudades de Bolivia contra la ampliación del estado de excepción y las medidas económicas impulsadas por el Gobierno de Rodrigo Paz. También rechazaron el acuerdo financiero alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que contempla 1,900 millones de dólares y requiere aprobación legislativa.

Los dirigentes educativos convocaron una protesta de “cacerolas vacías” para denunciar la pérdida de poder adquisitivo y expresar su rechazo a las reformas económicas. En La Paz, los manifestantes se concentraron en la Casa Social del Maestro, cerca de la plaza Murillo.

Maestros cuestionan acuerdo de Bolivia con el FMI

Anahí Bozo, secretaria ejecutiva de los maestros urbanos de La Paz, sostuvo que medidas como el tipo de cambio flexible y los cambios progresivos en la subvención de combustibles han afectado a las familias.

Además, cuestionó las condiciones del acuerdo con el FMI. El programa establece un financiamiento aproximado de 1,900 millones de dólares y contempla eliminar la subvención a los hidrocarburos en 2027.

El Gobierno sostiene, en contraste, que el financiamiento permitirá fortalecer las reservas, ordenar las finanzas públicas y proteger a los sectores vulnerables. El proyecto ya fue enviado a la Asamblea Legislativa para su análisis.

Protestas rechazan ampliar el estado de excepción

Los docentes también se pronunciaron contra la extensión por otros 90 días del estado de excepción vigente desde el 20 de junio. Bozo acusó al Gobierno de utilizar esta medida para contener las demandas de trabajadores y sindicatos.

El Ejecutivo defiende otra postura. Paz afirmó que la medida no impide las protestas, sino los bloqueos y acciones que afecten a otros ciudadanos. La ampliación requiere la aprobación del Parlamento.

El estado de excepción original surgió después de siete semanas de bloqueos impulsados por sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana y grupos afines al expresidente Evo Morales. Las protestas provocaron desabasto de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, además de dejar al menos 16 fallecidos y pérdidas económicas superiores a 3 mil millones de dólares.

Ahora, el rechazo de los docentes suma presión social mientras el Legislativo analiza dos asuntos centrales para el Gobierno: el financiamiento del FMI y la ampliación del régimen excepcional.

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