El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos está profundizando su estrategia de vigilancia migratoria con el despliegue acelerado de tecnologías de reconocimiento facial y rastreo digital. Este sistema, que ya afecta a más de 300,000 personas, funciona sin necesidad de orden judicial ni controles públicos claros.
La principal herramienta es SmartLINK, una aplicación que obliga a las personas migrantes a registrar su ubicación y rostro mediante un celular. Aunque se presenta como alternativa “menos restrictiva” a los centros de detención, su uso ha escalado a una velocidad que genera preocupación sobre el respeto a derechos fundamentales.
Monitoreo diario sin proceso legal
Desde agosto de 2025, ICE ha implementado esta tecnología en más de 200 ciudades, ampliando el control sobre migrantes sin procesos judiciales vinculantes. Expertos señalan que el reconocimiento facial, al operar con sesgos raciales documentados, puede derivar en errores de identificación y consecuencias legales graves para personas inocentes.
Además, organizaciones de defensa como la ACLU advierten que el sistema se ejecuta sin protocolos sobre el tratamiento, resguardo o eliminación de los datos recolectados. Este vacío legal convierte al seguimiento en una forma de vigilancia perpetua, en especial sobre comunidades ya precarizadas o con vínculos laborales informales.
Reconocimiento facial y derechos civiles en riesgo
También preocupa el uso de algoritmos sin auditoría independiente. La opacidad en los criterios de evaluación de riesgo ha sido criticada por analistas en derechos humanos, quienes ven en este modelo una forma de criminalización tecnológica de la migración.
Un informe reciente del centro TRAC reveló que el número de personas sujetas a estas medidas se ha duplicado en un año, sin que exista un marco legal que limite su alcance o duración.
