El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro exigió a la titular de este medio de transporte, Florencia Serranía, el cumplimiento de sus prestaciones laborales, como vales de despensa de fin de año y servicios médicos.
El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajares del Sistema de Transporte Colectivo acusó a la dirección del Metro de no renovar el contrato con el Nuevo Sanatorio Durango, pese a que en el paquete presupuestal de este año cuenta con recursos para mantenerlo.
Por ello, el sindicato amagó con tomar «acciones ante esta situación de emergencia laboral».
A través de un oficio firmado por el secretario general Fernando Espino, se manifestó que las condiciones de la emergencia sanitaria por COVID-19 inciden de manera significativa en la salud de los agremiados y sus familias.
«Exigen de un efectivo y oportuno servicio de salud que se ofrecen por parte de nuestra empresa para este efecto», sostiene el documento.
Además, señaló que hay falta de medicamentos en clínicas y omisión de parte de la Gerencia de Salud y Bienestar para el internamiento del personal en el Sanatorio Durango.
Apelaron a la sensibilidad de las autoridades del Metro para que libere los recursos ya asignados, a fin de que en medio de la emergencia sanitaria provocada por el covid-19 sus trabajadores reciban atención médica:
Nos encontramos ante una situación en la que nos vemos obligados a tomar determinaciones que quisiéramos evitar, pero los directivos del Sistema de Transporte Colectivo (STC) parece que pretenden orillarnos a tomar medidas de defensa de nuestros derechos laborales y de seguridad social.
El Comité Ejecutivo Nacional del sindicato de trabajadores del metro que encabeza, Fernando Espino, afirmó que comprende la emergencia sanitaria ha golpeado seriamente los ingresos de la empresa, pero también:
Resulta incuestionable que los recursos para responder de los derechos y prestaciones laborales y de seguridad social estuvieron debidamente aprobados en el presupuesto anual del organismo, y nadie está facultado para desviarlos sin incurrir en responsabilidad administrativa y hasta de índole penal.
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