Fraude laboral expone prácticas irregulares ante IMSS

Fraude laboral afecta seguridad social en México

El fraude laboral volvió a encender alertas en México tras la detección de prácticas empresariales que afectan la continuidad de derechos de seguridad social de miles de trabajadores.

Autoridades federales identificaron un patrón recurrente en el que empleadores dan de baja a personal con contrato permanente durante diciembre y lo reincorporan en enero. Esta conducta interrumpe registros oficiales y genera afectaciones directas a prestaciones laborales, aun cuando la relación de trabajo continúe de facto.

Además, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit coincidieron en que estas bajas no corresponden a esquemas legítimos de contratación temporal. El análisis institucional confirmó que las reincorporaciones suelen darse con el mismo patrón y condiciones similares.

Fraude laboral y bajas concentradas de empleo

El fraude laboral quedó en evidencia al revisar datos oficiales del IMSS, que mostraron una reducción significativa del empleo formal entre noviembre y diciembre de 2024. Más del sesenta por ciento de las plazas eliminadas correspondieron a puestos permanentes, un comportamiento que se repite desde hace varios años.

Asimismo, en enero siguiente, los registros reportaron la reincorporación de más de ciento cuarenta mil trabajadores dados de baja semanas antes. El cruce de información permitió detectar coincidencias patronales que reforzaron la identificación de prácticas irregulares.

Por otro lado, las autoridades subrayaron que estas bajas afectan derechos fundamentales, como el acceso continuo a servicios médicos, la acumulación de semanas cotizadas y las aportaciones a la subcuenta de vivienda.

Impacto social y acciones oficiales

También, el Infonavit advirtió que la interrupción de aportaciones retrasa procesos de precalificación y acceso a créditos de vivienda, lo que debilita la estabilidad patrimonial de las personas trabajadoras.

En consecuencia, el Gobierno federal envió comunicaciones formales a empresas involucradas para advertir sobre posibles sanciones administrativas. Informes oficiales difundidos en agosto de 2025 confirmaron que el monitoreo interinstitucional se mantendrá de forma permanente para detectar reincidencias y proteger derechos laborales.