En plena controversia que involucra a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), los gobiernos federal y estatal de Quintana Roo dieron a conocer una inversión superior a los 210 millones de pesos para ampliar y modernizar la planta de tratamiento de aguas residuales en Cozumel, operada por la CAPA. El objetivo es duplicar su capacidad operativa y evitar la contaminación del acuífero subterráneo.
Actualmente, la planta trata 110 litros de agua por segundo, aunque la demanda supera los 200 litros por segundo. Por ello, el proyecto se desarrollará en dos etapas: la primera contempla un presupuesto de 123 millones de pesos, y la segunda, programada para noviembre de 2025, requerirá una inversión adicional de 90 millones de pesos.
“Esta inversión permitirá superar años de atraso y evitará el vertido de aguas negras, protegiendo así el ecosistema de la isla”, expresó el presidente municipal José Luis Chacón Méndez.
La meta es que, para el año 2026, la planta San Miguelito alcance una capacidad de 230 litros por segundo, lo que también permitirá reutilizar el agua tratada.
La inversión se anuncia en un contexto de crisis de confianza para la CAPA, tras denuncias en redes sociales sobre desbordamientos de aguas residuales que han contaminado el manto freático y afectado el ecosistema en el norte de Cozumel. A esto se suma una investigación por presunto desvío de recursos públicos dentro del organismo.
De acuerdo con información no oficial, se habría detectado un peculado superior a los 22 millones de pesos, presuntamente cometido por empleadas de CAPA y personal de la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF). Parte de estos recursos habrían sido utilizados para adquirir criptomonedas y financiar viajes a Europa, sin autorización institucional.
La Fiscalía Anticorrupción ya indaga el caso, el cual denunció el área jurídica de CAPA tras identificar irregularidades financieras en los ejercicios fiscales de 2023 y 2024. Entre las personas señaladas se encuentran tres empleadas conocidas como “Lupita”, “Irene” y “Miriam”, esta última presuntamente jefa de departamento.
También se investiga a una trabajadora de la DRAEF, identificada como “Mónica”, quien habría elaborado convenios de liquidación irregulares por adeudos superiores a 200 mil pesos, permitiendo que usuarios saldaran sus cuentas con pagos mínimos sin reportar los ingresos correspondientes.
Cabe recordar que anteriormente se había destinado un presupuesto de 140 millones de pesos para la construcción de un nuevo módulo de pretratamiento y un tanque de lodos activados. Sin embargo, no se han registrado avances físicos en la planta, lo que ha generado aún más cuestionamientos sobre la gestión de los recursos por parte de CAPA.
La ampliación de la planta resulta urgente y esencial para reducir los riesgos sanitarios y ambientales que enfrenta Cozumel. Aunque el contexto de corrupción y los recientes desbordamientos han puesto en duda la eficacia y transparencia del organismo responsable.
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