El Congreso de México abrió un nuevo frente en materia fiscal con la propuesta de gravar a Electrolit y otras bebidas electrolíticas endulzadas que actualmente no pagan impuestos. La medida se integra a la Ley de Ingresos 2026 y busca equiparar estas bebidas con los refrescos tradicionales, en atención a su alto contenido de azúcar.
De acuerdo con estimaciones de legisladores, la aplicación de IVA e IEPS a estos productos permitiría recaudar alrededor de 4,200 millones de pesos. En consecuencia, la propuesta generó apoyo dentro de la Cámara de Diputados, donde legisladores de Morena, el Partido Verde y el PT respaldaron la iniciativa como parte de un esfuerzo por mejorar tanto la recaudación como la salud pública.
Morena impulsa impuestos a Electrolit en la Ley de Ingresos 2026
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, explicó que Electrolit se ha registrado como medicamento, lo que le permite evitar el pago de impuestos y ciertas regulaciones nutricionales, a pesar de contener más azúcar que un refresco convencional. Del mismo modo, advirtió que este vacío legal debe corregirse para garantizar un trato equitativo frente a productos similares.
Por otro lado, legisladores del PT y del Partido Verde indicaron que la recaudación podría ascender hasta 5,000 millones de pesos si la medida se aplica por completo en el presupuesto de 2026. Asimismo, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, expresó que la dependencia está abierta a analizar la propuesta y realizar ajustes necesarios.
La iniciativa busca modificar la Ley del IVA, la Ley del IEPS y la Ley General de Salud, con el fin de que las bebidas electrolíticas con azúcares añadidos se consideren bebidas saborizadas sujetas a impuestos. Solo quedarían exentas aquellas soluciones de rehidratación oral que cumplan la fórmula de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se utilicen exclusivamente en programas de salud pública.
En México, se calcula que el consumo de estas bebidas genera un mercado creciente, lo que hace urgente definir su regulación fiscal para garantizar un impacto positivo en los ingresos públicos y en la salud de la población.
