Más de 4.5 millones de personas retiradas en México dependen de prestaciones adicionales como seguros de vida, según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Jubilados han denunciado que llevan dos años sin recibir pólizas ya contratadas, lo que vulnera derechos adquiridos y provoca incertidumbre financiera en sus hogares.
La Ley Federal del Trabajo y la Ley sobre el Contrato de Seguro establecen que estas coberturas deben entregarse de forma oportuna. El incumplimiento no solo rompe con la obligación contractual, también viola el derecho de seguridad social garantizado en la Constitución. Empresas y aseguradoras tienen el deber de cumplir sin demoras, de lo contrario se convierten en responsables de un daño colectivo.
Consecuencias en familias
Los principales afectados son viudas, viudos e hijos de trabajadores fallecidos. La falta de recursos ha obligado a muchos a endeudarse o a retirar anticipadamente ahorros destinados a su retiro.
Estos retrasos limitan el acceso a servicios básicos como atención médica, educación y vivienda, debilitando la estabilidad de familias que deberían contar con respaldo económico inmediato.
Vale la pena leer: Alianza laboral refuerza estándares de trabajo digno en logística mexicana
Vacíos en la supervisión
Aunque la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas tiene atribuciones de vigilancia, la falta de sanciones efectivas permite que el incumplimiento se prolongue. Esta omisión genera desconfianza en las instituciones y abre la puerta a más prácticas irregulares en el sector asegurador.
La Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México señala que cuatro de cada diez adultos mayores viven con ingresos limitados. En este contexto, la falta de pago de seguros pendientes no es solo un incumplimiento legal, es un factor que incrementa la vulnerabilidad de miles de familias que esperan justicia.
