En México, miles de migrantes viven una realidad marcada por la falta de oportunidades laborales formales. La generación de ingresos aparece como su necesidad más urgente, pero el acceso al empleo continúa siendo limitado pese al marco legal vigente.
Datos recientes de la Organización Internacional para las Migraciones muestran que una amplia mayoría de migrantes en el país permanece fuera del mercado laboral. Esta situación afecta tanto a personas en condición irregular como a quienes ya cuentan con estancia legal y buscan integrarse de manera estable a la economía mexicana.
De acuerdo con los registros del organismo, una parte significativa de esta población busca trabajo de forma activa. Sin embargo, solo una fracción logra colocarse en empleos con contrato, salario constante y acceso a derechos básicos, lo que incrementa su vulnerabilidad social.
Migrantes en México buscan empleo sin acceso a contratos
La OIM identifica que, entre quienes sí trabajan, predominan esquemas informales y de alta precariedad. Esta realidad limita la estabilidad de los migrantes y reduce su capacidad de arraigo en las comunidades donde residen.
Además, el organismo subraya que la contratación de migrantes representa una ventaja para las empresas. Estudios internacionales señalan que estas personas suelen mostrar menor rotación laboral y contribuyen a ampliar plantillas de forma sostenible, especialmente en sectores con escasez de mano de obra.
Asimismo, la migración internacional genera un impacto económico relevante. Estimaciones del Banco Mundial indican que en países como México la aportación al PIB alcanza niveles significativos, lo que refuerza el valor económico de su integración laboral.
Cuentan con respaldo legal para trabajar
El marco jurídico mexicano reconoce el derecho al trabajo digno sin distinción de origen o situación migratoria. La Constitución y la Ley Federal del Trabajo establecen obligaciones claras para garantizar este derecho, mientras la Ley de Migración define estancias que permiten actividades remuneradas.
A pesar de estas disposiciones, la brecha entre la ley y la práctica persiste. La OIM advierte que reducir obstáculos administrativos y prejuicios laborales resulta clave para transformar esta realidad.
Actualmente, cerca de dos terceras partes de los migrantes en México permanecen sin empleo, una cifra que refleja el desafío pendiente para avanzar hacia una integración laboral efectiva.
