El trabajo digno continúa siendo una meta pendiente para millones de personas en México. Pese al crecimiento económico de los últimos años, las condiciones laborales formales siguen sin garantizar bienestar ni seguridad social para gran parte de la población ocupada.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estimó que más de 36 millones de trabajadores carecen de un empleo con estabilidad, prestaciones o un salario suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Este panorama revela una brecha profunda entre los indicadores macroeconómicos y la realidad cotidiana de quienes sostienen el aparato productivo del país.
Trabajo digno y desigualdad estructural
El informe señala que el acceso al trabajo digno en México depende directamente de factores como el nivel educativo, la informalidad y el género. Además, el 55% de la fuerza laboral permanece en esquemas informales, sin seguridad social ni oportunidades de desarrollo profesional.
Por otro lado, las mujeres y los jóvenes enfrentan mayores obstáculos para conseguir empleos con derechos plenos. Esta situación se acentúa en regiones del sur del país, donde los niveles de pobreza laboral son más altos. En consecuencia, el empleo digno se ha convertido en un desafío transversal que requiere políticas públicas y participación sindical más activas.
Hacia una agenda de justicia laboral
De igual manera, el estudio del IMCO advierte que los trabajadores con jornadas prolongadas y bajos ingresos representan un riesgo para la productividad nacional. En este contexto, la promoción del trabajo digno no solo implica mejores salarios, sino también respeto a los derechos humanos, acceso a la seguridad social y condiciones de igualdad.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que solo cuatro de cada diez empleados en México cuentan con prestaciones formales, lo que evidencia la urgencia de fortalecer las instituciones laborales y los mecanismos de protección colectiva.
