Derecho a trabajar en cadenas de construcción del Reino Unido
El sector construcción en Reino Unido enfrenta un ajuste regulatorio que redefine las obligaciones de verificación laboral. La propuesta del gobierno busca que las empresas del ramo apliquen controles reforzados de derecho a trabajar no solo a empleados directos, sino también a personal subcontratado y autónomo, un segmento que sostiene buena parte de la operación diaria en obras y proyectos.
La medida responde a una preocupación creciente por la presencia de trabajadores sin autorización laboral dentro de la cadena de suministro. Según análisis especializados del propio sector, la construcción concentra actividades donde la subcontratación extensa facilita prácticas irregulares que afectan la seguridad, la competencia y la integridad de los procesos productivos.
El marco planteado ampliaría el alcance de las verificaciones obligatorias a contratistas principales, subcontratistas y trabajadores independientes que ingresen a zonas de obra. Las empresas tendrían que revisar documentación, mantener registros actualizados y garantizar que cada persona cuente con autorización legal, bajo un esquema más estricto de responsabilidad corporativa.
Asimismo, el incumplimiento podría generar sanciones severas que incluyen multas por cada trabajador sin autorización válida. Este enfoque pretende cerrar brechas que durante años permitieron que parte de la fuerza laboral operara sin cumplimiento pleno de las normas migratorias y laborales vigentes.
Por otro lado, el cambio normativo anticipa una presión adicional sobre empresas que dependen de múltiples niveles de subcontratación. De igual manera, impulsa la adopción de herramientas de verificación digital y revisiones internas más frecuentes para disminuir riesgos de incumplimiento en obras activas.
Las consultas públicas sobre esta expansión regulatoria continúan abiertas durante diciembre, mientras el sector observa cómo la medida podría transformar procesos de contratación y supervisión en uno de los rubros más relevantes para la economía británica. Las multas máximas contempladas para situaciones de empleo ilegal alcanzan hasta 60 000 libras por trabajador involucrado.
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