Uber enfrenta disputas por utilidades plataformas digitales mientras repartidores exigen cumplimiento laboral en México
Uber enfrenta disputa por utilidades plataformas digitales

Uber enfrenta disputa por utilidades plataformas digitales

La regulación laboral abrió un nuevo frente entre empresas tecnológicas y trabajadores de aplicaciones en México. El reparto de utilidades para conductores y repartidores comenzó a generar tensiones tras la entrada en vigor de las nuevas reglas laborales que reconocen derechos antes inexistentes.

Durante el proceso de pago correspondiente a 2026, algunas plataformas iniciaron la entrega de este beneficio económico. Sin embargo, Uber sostuvo que no está obligada a realizar el reparto de utilidades en este ejercicio fiscal. La empresa argumentó que la razón social con la que opera actualmente se encuentra dentro de una excepción prevista para compañías de reciente creación.

Utilidades plataformas digitales generan controversia laboral

La Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación señaló diferencias entre las plataformas que operan en el país. Mientras Rappi comenzó la dispersión de recursos a repartidores que cumplen los requisitos legales, Uber optó por respaldar su postura mediante recursos jurídicos.

Además, la reforma laboral establece que los trabajadores de plataformas digitales pueden acceder a la PTU cuando superan 288 horas efectivas de trabajo al año y alcanzan determinados niveles de ingresos. Estas condiciones forman parte del nuevo esquema laboral impulsado por la Ley Federal del Trabajo.

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Trabajadores exigen claridad en el cumplimiento

Diversas organizaciones consideran que la discusión puede marcar un precedente para miles de personas que dependen de aplicaciones de transporte y reparto. Asimismo, advierten que los procesos legales podrían retrasar beneficios que forman parte de los derechos laborales reconocidos recientemente.

También existe preocupación por la interpretación de las reglas empresariales utilizadas para definir obligaciones laborales. En consecuencia, sindicatos y colectivos mantienen vigilancia sobre las resoluciones que emitan las autoridades.

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