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Sindicato de central obrera exige anular decreto de combustibles

Las calles de La Paz concentran una nueva jornada de presión social en Bolivia, marcada por la acción coordinada del sindicato de central obrera frente a decisiones económicas oficiales que afectan a los trabajadores.

Por quinto día consecutivo, sindicatos afiliados a la Central Obrera Boliviana mantienen movilizaciones para exigir la anulación del decreto que eliminó la subvención a los combustibles. La protesta se desarrolla en un contexto de tensión social creciente y con presencia constante en puntos estratégicos de la capital.

Además, la dirigencia sindical sostiene una huelga indefinida que hasta ahora recibe el respaldo activo de los mineros estatales. Otras organizaciones evalúan sumarse conforme se intensifica el impacto del alza de precios en el transporte, los alimentos y los servicios básicos.

Sindicato de central obrera frente al impacto económico

El sindicato de central obrera atribuye la escalada del conflicto al Decreto Supremo 5503, que modificó el esquema de precios de gasolina y diésel en Bolivia. La medida alteró costos logísticos en distintos sectores productivos y afectó el poder adquisitivo de los asalariados.

Asimismo, el dirigente Mario Argollo afirmó que la decisión favorece a sectores empresariales y traslada la carga económica a la mayoría de la población. En consecuencia, la Central Obrera Boliviana ratificó la continuidad de las protestas hasta lograr una revisión del decreto.

Por otro lado, el Gobierno defiende la norma como parte de una política de ajuste fiscal ante la reducción de ingresos energéticos y limitaciones en la producción interna. Las autoridades sostienen que el cambio busca estabilizar las finanzas públicas en el corto plazo.

Movilización sindical y presión social en Bolivia

También, organizaciones vecinales y gremiales comenzaron a expresar respaldo a las demandas sindicales, ampliando el alcance del conflicto más allá del ámbito laboral. La protesta ya genera afectaciones parciales al transporte urbano y a la actividad comercial.

De igual manera, analistas locales advierten que la persistencia del conflicto podría derivar en un escenario de negociación forzada si la presión social se mantiene. Durante septiembre de 2025, reportes oficiales estimaron concentraciones superiores a veinte mil manifestantes en La Paz, una cifra que supera registros recientes de movilización sindical.

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Redacción

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