Sindicato de la UdeG encabeza rechazo a tarifa del transporte

La inconformidad social crece en Jalisco luego de que el sindicato de la UdeG se sumara al rechazo contra el aumento a la tarifa del transporte público, una medida que impacta directamente el ingreso de estudiantes y trabajadores.

Organizaciones universitarias y sindicales anunciaron acciones coordinadas para exigir que el gobierno estatal revierta el incremento aprobado por el Comité Técnico Tarifario. La decisión elevó el costo del pasaje a catorce pesos para 2026, con una aplicación diferida a abril y un esquema condicionado de tarifa reducida mediante tarjeta estatal.

Además, la Federación Estudiantil Universitaria inició una campaña informativa en paradas y estaciones del Área Metropolitana de Guadalajara para explicar los efectos del alza y recabar opiniones sobre la calidad del servicio. La estrategia incluye encuestas ciudadanas y presencia permanente en puntos de alta afluencia.

Sindicato de la UdeG y frente común universitario

El sindicato de la UdeG expresó respaldo total a las acciones estudiantiles y advirtió que el aumento afecta de forma desproporcionada a docentes de asignatura y personal administrativo. La dirigencia sindical sostuvo que el transporte público constituye un derecho social y no un privilegio condicionado al ingreso.

Asimismo, representantes académicos señalaron que el incremento no se acompaña de mejoras en frecuencia, seguridad ni tiempos de traslado. En consecuencia, la organización sindical demandó más unidades, condiciones dignas y una política de movilidad con enfoque social.

Por otro lado, sindicatos administrativos confirmaron que la mayoría de su base laboral depende del transporte público para acudir a sus centros de trabajo, por lo que el ajuste tarifario reduce el ingreso disponible de miles de familias.

Debate técnico y posibles acciones legales

También, integrantes del Observatorio Ciudadano de Movilidad cuestionaron la legalidad del procedimiento tarifario. El análisis técnico indicó que el monto aprobado no correspondía a la tarifa anual legalmente votable ni contó con sustento normativo suficiente.

De igual manera, datos oficiales difundidos en septiembre de 2025 mostraron que más del sesenta por ciento de los usuarios del transporte público en Jalisco lo utiliza para actividades laborales diarias, un factor que refuerza la presión social y abre la puerta a recursos legales colectivos.

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