La Confederación General de Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), principal organización sindical de Portugal, condenó el desalojo forzoso de las acampadas que reclamaban el derecho a una vivienda digna en Lisboa y Oporto. La intervención de las autoridades dejó decenas de personas heridas durante la madrugada.

La central sindical calificó los operativos como una acción represiva y acusó al Gobierno de restringir el derecho a manifestarse, en lugar de atender las demandas sociales que impulsaron las protestas.

Sindicato de Portugal acusa restricciones a las libertades

La CGTP-IN cuestionó la actuación de las autoridades y aseguró que el Ejecutivo está promoviendo una interpretación de la legislación que limita las libertades ciudadanas.

Según la organización, las restricciones representan un retroceso sin precedentes en los últimos 50 años y contradicen los derechos reconocidos en la Constitución portuguesa.

Además, sostuvo que las autoridades deberían concentrarse en resolver los problemas sociales que motivaron las movilizaciones, especialmente las dificultades para acceder a una vivienda.

El sindicato considera que las decisiones gubernamentales afectan directamente a trabajadores, jóvenes y jubilados, quienes enfrentan condiciones económicas cada vez más difíciles.

Asimismo, acusó al Ejecutivo de impulsar políticas que favorecen la acumulación de beneficios de los grandes capitales, mientras aumentan las dificultades de distintos sectores de la población.

Desalojos en Lisboa y Oporto dejan decenas de heridos

Las protestas por la vivienda habían reunido a ciudadanos que exigían soluciones ante las dificultades para acceder a un hogar.

Sin embargo, las autoridades desmantelaron por la fuerza los campamentos instalados en el centro de Lisboa y Oporto durante la madrugada.

Los operativos dejaron decenas de personas heridas, según la información difundida sobre los desalojos.

Para la CGTP-IN, estas movilizaciones reflejan una preocupación creciente por la falta de acceso a viviendas dignas, especialmente entre la población joven y los trabajadores.

La organización insistió en que el problema habitacional constituye una de las principales demandas sociales y cuestionó que las autoridades respondan mediante intervenciones policiales.

Por ello, reclamó el respeto a las libertades constitucionales y al derecho de manifestación.

Las denuncias del principal sindicato de Portugal sitúan nuevamente el acceso a la vivienda y la actuación de las fuerzas de seguridad en el centro del debate social.

Mientras tanto, las personas afectadas por los desalojos enfrentan las consecuencias de los operativos, sin que la información disponible detalle nuevas medidas gubernamentales para atender sus reivindicaciones.

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