Sindicatos y federaciones laborales de Filipinas emprendieron una ofensiva legal contra las decisiones judiciales que frenaron un aumento al salario mínimo para más de 1.1 millones de trabajadores de la región metropolitana de Manila.
La disputa gira en torno a la Orden Salarial NCR-27, emitida por la Junta Regional Tripartita de Salarios y Productividad. La medida contempla un incremento diario de 85 pesos filipinos, con lo que el salario mínimo pasaría de 695 a 780 pesos diarios.
Sin embargo, tribunales de Pasig y Navotas suspendieron temporalmente su aplicación después de recibir recursos promovidos por organizaciones empresariales y del sector de la construcción.
Sindicatos de Filipinas impugnan suspensión salarial
El 3 de agosto, organizaciones afiliadas a UNI Global Union-Philippine Liaison Council, entre ellas National Federation of Labor y Unified Filipino Service Workers, marcharon junto con NAGKAISA Labor Coalition, Kamanggagawa Party-list y más de 200 trabajadores hacia un tribunal de Pasig.
Los sindicatos solicitaron intervenir formalmente en el proceso y pidieron levantar la orden de restricción temporal de 20 días. Argumentan que el artículo 126 del Código Laboral filipino impide que tribunales ordinarios suspendan procedimientos relacionados con las juntas salariales.
El conflicto escaló el 12 de agosto, cuando las organizaciones presentaron ante la Suprema Corte una petición de certiorari y prohibición contra las resoluciones de los tribunales inferiores.
Aumento beneficiaría a más de 1.1 millones de trabajadores
Los sindicatos quieren que la Suprema Corte anule las suspensiones, declare inválidos los procedimientos por falta de jurisdicción y establezca criterios que impidan nuevos recursos judiciales de este tipo contra órdenes salariales.
Roland De La Cruz, presidente de UNI-PLC, aseguró que cada día de suspensión deja fuera de los hogares trabajadores unos 66 millones de pesos filipinos. Los representantes laborales sostienen que la demora afecta especialmente a familias que enfrentan mayores costos de alimentos y servicios básicos.
Elijah San Fernando, representante de Kamanggagawa Party-list y vicepresidente de NFL, advirtió que permitir este precedente facilitaría que empresas de otras regiones intentaran frenar futuros incrementos salariales mediante tribunales locales.
Las organizaciones aseguran que se trata de la primera ocasión en Filipinas en que un tribunal regional congela una orden salarial oficial. UNI Asia & Pacific también respaldó públicamente las acciones legales de los trabajadores.
Mientras la Suprema Corte analiza la petición, los sindicatos mantienen sus movilizaciones y buscan restablecer el incremento salarial para más de 1.1 millones de empleados de Manila.
