Una coalición de trabajadores agrícolas en Estados Unidos ha iniciado acciones legales contra la administración del expresidente Donald Trump por una decisión que, aseguran, pone en riesgo su salario base. La demanda fue presentada en una corte federal de California por dos organizaciones clave: la Unión de Campesinos (UFW, por sus siglas en inglés) y el grupo sin fines de lucro Farmworker Justice.
Ambas entidades alegan que el gobierno anterior detuvo de forma arbitraria la metodología que calcula el salario mínimo agrícola, conocido como AEWR, por sus siglas en inglés. Este mecanismo garantiza a los trabajadores contratados bajo el programa de visas H-2A un ingreso equivalente al promedio estatal. La suspensión de este sistema congeló los sueldos en niveles de 2020, aun cuando la inflación y el costo de vida en regiones agrícolas como California y Florida han aumentado de forma sostenida.
El salario agrícola, centro de la controversia legal
Del mismo modo, los demandantes aseguran que esta decisión vulnera la Ley de Procedimiento Administrativo, al haberse implementado sin justificación ni consulta pública. Para quienes trabajan jornadas extenuantes en el campo, el cambio representa más que una cifra: es un golpe directo a la dignidad laboral.
También se sumaron a la causa trabajadores con experiencia directa en cosechas de frutas, vegetales y otros cultivos estacionales. Sus testimonios refuerzan el impacto económico que esta política ha tenido en comunidades rurales que dependen casi por completo de estos ingresos.
