Una nueva protesta frente a instalaciones federales volvió a exhibir conflictos laborales relacionados con adeudos salariales y presuntas irregularidades jurídicas en el sector petrolero mexicano. Extrabajadores de plataformas marítimas exigen pagos pendientes acumulados desde la pandemia.
Los manifestantes acusan incumplimientos millonarios vinculados con salarios, indemnizaciones y prestaciones laborales. Además, representantes legales denunciaron posibles actos de parcialidad institucional dentro de procedimientos relacionados con empresas ligadas al sector energético.
Adeudos millonarios mantienen presión de trabajadores
Exempleados procedentes de Veracruz, Tamaulipas y Tabasco protestaron frente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para exigir intervención directa de autoridades federales.
Los afectados trabajaron en plataformas marítimas como Centenario GR, La Muralla IV y Bicentenario. Asimismo, denunciaron que desde 2020 dejaron de recibir salarios y condiciones mínimas de operación durante la emergencia sanitaria.
Representantes legales señalaron que actualmente existen 59 expedientes laborales abiertos y al menos 16 sentencias firmes que reconocen responsabilidades empresariales relacionadas con pagos pendientes.
Según abogados de los afectados, la deuda inicialmente calculada en 104 millones de pesos ya supera los 330 millones debido a penalizaciones acumuladas y retrasos en cumplimiento de convenios laborales.
Los manifestantes también denunciaron presuntos bloqueos administrativos dentro de procesos judiciales y de ejecución relacionados con liberación de pagos.
Extrabajadores denuncian daños patrimoniales y abandono
Durante la protesta, antiguos empleados acusaron abandono operativo mientras permanecían durante meses dentro de plataformas marítimas sin combustible, alimentos ni medicamentos suficientes.
Por otro lado, algunos trabajadores afirmaron que descuentos relacionados con créditos de vivienda no fueron entregados correctamente al Infonavit, situación que derivó en pérdidas patrimoniales para varias familias afectadas.
La representación jurídica aseguró que mantienen disposición para instalar mesas de negociación con empresas involucradas y resolver un conflicto laboral que permanece abierto desde hace cuatro años.
