Trabajadores sociales brindan apoyo en calles de California
Una nueva ley en California redefine el equilibrio entre control urbano y asistencia humanitaria, al establecer límites claros para la actuación municipal frente al trabajo social en las calles.
La normativa, firmada en California y con entrada en vigor el 1 de enero de 2026, impide que las ciudades sancionen a trabajadores sociales y organizaciones que ayuden a personas sin hogar, incluso cuando estas permanezcan en campamentos considerados ilegales. El cambio responde a tensiones crecientes entre autoridades locales y redes de apoyo comunitario en Estados Unidos.
Además, el texto legal surge tras un periodo de mayor criminalización de la falta de vivienda en California, un contexto que afectó directamente la labor diaria de quienes brindan atención básica a poblaciones vulnerables. Desde el inicio, la ley deja claro que la asistencia humanitaria no constituye una infracción.
La legislación prohíbe a gobiernos locales impedir que trabajadores sociales ofrezcan servicios legales, atención médica y bienes esenciales como alimentos, agua o cobijas. El alcance incluye a organizaciones civiles, religiosas y equipos de alcance comunitario.
Asimismo, la impulsora de la norma destacó que la medida protege a quienes asisten diariamente a personas sin hogar, muchas veces en entornos de alta presión institucional. Para defensores laborales, la ley reconoce formalmente el rol social y preventivo del acompañamiento en calle.
Por otro lado, algunos condados y corporaciones policiales expresaron preocupación por una posible reducción de herramientas locales para el control del espacio público. Estas críticas reflejan el debate abierto sobre seguridad, derechos y políticas sociales.
También, el antecedente inmediato incluye decisiones judiciales que ampliaron la capacidad de las ciudades para sancionar a personas que duermen en la vía pública. Desde entonces, los operativos se intensificaron en varias zonas urbanas de California.
En consecuencia, datos estatales difundidos en agosto de 2025 señalaron un aumento superior al cuarenta por ciento en citaciones relacionadas con campamentos urbanos, un escenario que incrementó la exposición legal de trabajadores sociales antes de la nueva protección.
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