En Estados Unidos, la administración de Donald Trump ha comenzado a desmantelar acuerdos de negociación colectiva en diversas agencias gubernamentales, una decisión que marca un giro en la relación entre el gobierno federal y sus trabajadores organizados.
El Departamento de Asuntos de Veteranos fue el primer organismo en aplicar la medida, con el retiro de derechos laborales a más de 400 mil empleados afiliados a la American Federation of Government Employees (AFGE), el sindicato más grande de trabajadores federales.
Tensiones entre gobierno y gremios
El anuncio incluyó críticas directas a la labor sindical. Doug Collins, titular de la dependencia, afirmó que las organizaciones gremiales “ponen en riesgo los intereses de los veteranos” y protegen a “empleados con bajo rendimiento”. En respuesta, Everett Kelley, presidente de la AFGE, sostuvo que la medida constituye “un acto de represalia” contra sindicatos que han cuestionado los planes presidenciales para reducir la burocracia.
El movimiento se produjo días después de que un tribunal de apelaciones autorizara la orden ejecutiva que faculta a las agencias a terminar sus convenios colectivos. Dos de los jueces que avalaron la medida fueron nombrados por Trump y uno por Barack Obama.
Derechos laborales eliminados
Con la rescisión del contrato colectivo —de 308 páginas—, el personal sindicalizado del Departamento de Asuntos de Veteranos pierde garantías clave como:
- Resolver disputas laborales mediante un árbitro independiente.
- Contar con tiempo oficial remunerado para que representantes sindicales gestionen casos o participen en negociaciones.
Eric L. Pines, abogado de varias secciones sindicales, señaló que la decisión sorprendió incluso a las partes involucradas en procesos abiertos, pues la agencia seguía presentando argumentos ante árbitros como si el convenio continuara vigente.
Argumento de seguridad nacional bajo escrutinio
La Casa Blanca sostiene que este cambio es necesario para “proteger la seguridad nacional”. No obstante, sindicatos advierten que el argumento se usa como pretexto para debilitar su capacidad de defensa y que la política alcanza a dependencias sin funciones de seguridad, como Salud y Servicios Humanos o la Agencia de Protección Ambiental.
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Esta nota fue elaborada a partir de información de The New York Times.
