La precariedad educativa entre trabajadores estatales en Baja California refleja un rezago estructural que impacta directamente en su acceso a mejores condiciones laborales. Datos oficiales recientes revelan que el 11.3% de los empleados del Gobierno estatal no cuenta con estudios más allá de la secundaria, lo que limita sus oportunidades de ascenso, profesionalización y mejora salarial.
El informe, basado en el Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2025 realizado por el INEGI, da cuenta de un total de 37 mil 989 trabajadores activos en el gobierno de Baja California hasta octubre de ese año. De ellos, 4 mil 300 no habían cursado estudios superiores, una cifra que obliga a replantear las estrategias de capacitación y formación continua dentro del sector público.
Perfil educativo de los trabajadores del estado
Además, el 13.6% de los trabajadores solo cuenta con bachillerato, mientras que apenas el 11.2% ha concluido estudios de maestría. Esta distribución educativa no solo limita la capacidad institucional del gobierno, también representa un obstáculo para el desarrollo integral de las personas que lo integran.
Por otro lado, el contexto laboral de los empleados del estado se complejiza cuando se considera que más del 55% son mujeres, quienes enfrentan retos añadidos de desigualdad estructural en el acceso a formación profesional y cargos de responsabilidad. El acceso equitativo a educación y capacitación es, por tanto, una cuestión central de justicia laboral.
En consecuencia, la inversión en educación continua y programas de profesionalización debe entenderse como un derecho laboral, no solo como una estrategia de eficiencia administrativa. La mejora en la calidad educativa dentro del sector público puede ser también un paso firme hacia la equidad y el reconocimiento pleno de los derechos laborales.
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