Lo que inició como un desacuerdo legislativo ha escalado hasta convertirse en el cierre de gobierno más prolongado en la historia moderna de Estados Unidos. Desde Washington, la crisis política supera ya los 21 días sin resolverse, mientras miles de trabajadores federales continúan sin recibir su salario.
El bloqueo presupuestario inició por la negativa de financiar el muro fronterizo propuesto por el expresidente Donald Trump. Aunque ese proyecto fue abandonado en años posteriores, las tensiones entre el Congreso y la Casa Blanca persisten. El estancamiento legislativo no solo paraliza funciones administrativas, también pone en riesgo servicios esenciales como la seguridad aérea, la atención médica de veteranos y el sistema judicial.
Cierre de gobierno expone fragilidad laboral
Durante este cierre, al menos 800 mil empleados federales se han visto obligados a trabajar sin paga o tomar licencias sin sueldo. Este escenario representa una vulneración directa a sus derechos laborales. En varios estados, sindicatos del sector público han denunciado la creciente presión económica sobre sus afiliados, quienes enfrentan deudas, pagos atrasados y estrés laboral.
Además, las consecuencias no se limitan al ámbito federal. Miles de contratistas, proveedores y trabajadores indirectos también resultan afectados sin acceso a compensaciones ni garantías de pago retroactivo. El cierre de gobierno no discrimina entre niveles jerárquicos: impacta tanto a personal de limpieza como a técnicos especializados.
En 2024, se registraron al menos tres amenazas de cierre similares, todas relacionadas con disputas presupuestarias. Sin embargo, ninguna alcanzó la duración ni el impacto de la actual. Según datos de la Oficina de Administración y Presupuesto, cada semana de cierre representa una pérdida económica de aproximadamente 1.2 mil millones de dólares para la economía estadounidense.
