Mujer trabajadora en labores de limpieza, símbolo de explotación laboral
El trabajo no debería ser sinónimo de sufrimiento. Sin embargo, en España, muchas mujeres migrantes sobreviven atrapadas en dinámicas laborales marcadas por el abuso, el miedo y la invisibilidad. Sectores como el trabajo doméstico, la agricultura o los cuidados concentran patrones de explotación estructural profundamente feminizados, en los que los derechos laborales se diluyen hasta desaparecer.
No se trata de casos aislados. Según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en 2024 se identificaron 1.794 víctimas de trata en el país, de las cuales 1.151 sufrieron explotación laboral, un 22% más que el año anterior. Pero estas cifras son solo la punta del iceberg. Organizaciones especializadas denuncian una infradetección masiva, sobre todo en trabajos que transcurren detrás de puertas cerradas o en zonas rurales sin vigilancia.
La trata con fines de explotación laboral opera sobre estructuras legales y económicas que reproducen desigualdad. Las mujeres migrantes muchas veces sin papeles o sin opciones reales de empleo formal enfrentan jornadas sin descanso, salarios impagados, aislamiento forzado y amenazas constantes. El consentimiento inicial, bajo engaño o coacción, no justifica estas condiciones.
El trabajo doméstico es el ejemplo más evidente. En España, el 95% de quienes trabajan en este sector son mujeres, y casi la mitad son extranjeras regularizadas. Aun así, el 36% lo hace sin contrato ni Seguridad Social. La informalidad y el aislamiento crean el entorno perfecto para la explotación.
En otros países, como Qatar o Líbano, informes de Amnistía Internacional documentan condiciones aún más severas: jornadas de más de 100 horas semanales, confiscación de pasaportes y violencia sexual. Aunque España no reproduce esos extremos, comparte las bases: desigualdad, impunidad y falta de vigilancia efectiva.
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