La presión dentro de Google vuelve a escalar. Más de mil trabajadores han firmado una petición interna para que la empresa cancele sus contratos con el Servicio de Inmigración (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos. La demanda señala directamente el papel de Google en el desarrollo de herramientas tecnológicas que estarían siendo utilizadas en operaciones represivas contra comunidades migrantes.
En el documento, difundido el 9 de febrero de 2026, los empleados afirman: “Google se ha convertido en un engranaje clave de una vergonzosa cadena de empresas privadas que obtienen ganancias con la violenta campaña represiva que el Gobierno federal está implementando”. Además, invitan a sus colegas a unirse para “exigir el fin de este uso indigno de nuestro trabajo”.
Trabajadores piden frenar apoyo tecnológico a la represión migratoria
El movimiento se produce en medio de una creciente indignación social. Ese mismo día, al menos 50 personas fueron detenidas en Mineápolis durante una protesta para conmemorar un mes del asesinato de Renee Good, a manos de un agente de inmigración. Su hermana, Annie Ganger, denunció la violencia sistemática: “Es injusto que el aspecto de una persona determine si su caso recibe más o menos atención”.
Paralelamente, en Minnesota, el inmigrante mexicano Alberto Castañeda Mondragón denunció haber sufrido ocho fracturas de cráneo tras ser golpeado brutalmente por agentes del ICE. Su testimonio contradice la versión oficial, que afirma que “se lanzó intencionalmente contra una pared de ladrillo”.
Por otro lado, una jueza federal en Massachusetts suspendió temporalmente el intercambio de datos entre el IRS, el Seguro Social y el ICE. Esta decisión fue celebrada por organizaciones civiles como una garantía contra represalias hacia familias inmigrantes en plena temporada de impuestos.
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