Las condiciones laborales en el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural) han encendido las alarmas en la Cámara de Diputados de México. Desde hace meses, los trabajadores de esta institución adscrita a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) enfrentan contrataciones irregulares y falta de prestaciones, situación que ha derivado en un fuerte llamado legislativo para garantizar sus derechos laborales.
Durante una sesión celebrada en octubre, diputadas de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural denunciaron que el INCA Rural mantiene vínculos laborales con personal contratado bajo esquemas precarios, como honorarios, sin acceso a seguridad social ni estabilidad. Además, cuestionaron que las tareas sustantivas de capacitación y asistencia técnica recaen sobre trabajadores sin reconocimiento pleno como empleados del Estado.
Sader en el centro del debate legislativo por derechos laborales
Por otro lado, las legisladoras exigieron a Sader un informe puntual sobre las condiciones contractuales del personal del instituto y urgieron a resolver el rezago estructural en su plantilla laboral. Este llamado también busca evitar el desmantelamiento institucional del INCA Rural, creado precisamente para fortalecer las capacidades productivas del campo mexicano.
En consecuencia, la Cámara aprobó por unanimidad un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a revisar y regularizar las relaciones laborales del personal. La preocupación parlamentaria también se extendió al riesgo de pérdida de talento humano especializado, formado durante años y clave para la operación territorial del programa de desarrollo rural.
